Los gaiteros han plantado al Ayuntamiento en un pueblo de Navarra y el Ayuntamiento les ha respondido con papeles, plazos y una fecha marcada en rojo. El pulso entre la alcaldía y una asociación de gaiteros ha estallado por el pago del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y ya se ha notado en la calle: este domingo, en el Carnaval Txiki, no estuvieron en la kalejira con los gigantes.
El choque se ha cocinado en Alsasua, donde la Comisión Cultural de Altsasuko Gaiteroak ha decidido no actuar “en las actuaciones que les convoque el Ayuntamiento de Altsasu”. El motivo, según denuncian en un comunicado, es que llevan “dos años, ellos y otros colectivos del pueblo, padeciendo el cobro” del IAE pese a estar “exentos de dicho cobro según la ley foral”.
El grupo ha puesto el foco en lo que consideran un sinsentido administrativo. “No entendemos por qué en Altsasu hay que realizar este trámite administrativo, y en otros pueblos y ciudades de Navarra no realizan este mismo trámite con sus respectivos ayuntamientos”, señalan. Y, mientras la discusión sube de tono, ellos han pasado de las palabras a los hechos: en el día de Carnaval Txiki, no participaron en la kalejira con los gigantes.
Para sostener su reclamación, los gaiteros citan la Ley Foral 22/2020, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra. Según explican, esa norma añadió una letra g) al artículo 150.1 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, con la idea de introducir una exención del IAE para los sujetos pasivos que no superen un determinado importe neto de la cifra de negocios.
La réplica del alcalde, Javier Ollo Martínez (Geroa Bai), ha llegado con tono de aclaración… y una pulla. Tras leer el comunicado de la asociación sobre “el abono” del impuesto en 2025, ha dicho que “merece varias puntualizaciones o matices”, “sobre todo porque es cierto que la tendencia siempre suele ser criticar a la administración y a veces, solo a veces, no es justo”.
Ollo ha explicado que el Ayuntamiento de Alsasua y Altsasuko Gaiteroak – Gaiteros de Altsasu llevan varios años formalizando un contrato anual de prestación de servicios. Ese acuerdo, según ha detallado, se traduce en un calendario de actuaciones que la asociación se compromete a cumplir y, a cambio, el Ayuntamiento paga una contraprestación económica.
En 2025, ha concretado, el consistorio pagó a la asociación 2.786,40 euros, repartidos en dos mitades: un 50% tras la firma del contrato y el 50% restante después de ejecutar “la totalidad del calendario”. Y, mirando ya a este año, ha indicado que en 2026 “tocaría formalizar un nuevo contrato” por ese precio, incrementado “de acuerdo a la evolución del IPC”.
Sobre el núcleo del conflicto, el alcalde ha recordado que, según la normativa foral del IAE, “en la actualidad está exenta toda persona física o jurídica que no supere el millón de euros de cifra de negocios”. Por eso, ha añadido, la asociación “podría perfectamente acogerse a esta exención”.
Entonces, ¿por qué se ha pagado el impuesto? Ollo sitúa la clave en el trámite: para beneficiarse de la exención hay que presentar un documento concreto, el modelo F65, “antes del 14 de febrero de cada ejercicio”. Y, según su versión, en 2025 la asociación lo presentó “con posterioridad a esa fecha o al menos no consta que se hubiera presentado en plazo”. “Ni más ni menos”, ha rematado.
El alcalde ha descartado que el asunto tenga que ver con decisiones políticas y lo ha llevado al terreno de los requisitos y la burocracia: “No es cuestión de voluntad política del Ayuntamiento porque no se puede decidir a discreción quién paga y quién no paga un impuesto”. Y ha insistido en que es “un tema estrictamente de Hacienda Foral y/o de la Hacienda del Ayuntamiento” y del cumplimiento de lo que marca la normativa para quedar exento del impuesto.
