Las ruinas del antiguo convento de las religiosas Agustinas, en el corazón del parque de Aranzadi, han sido escenario esta madrugada de un nuevo y masivo desalojo. Agentes de la Policía Municipal de Pamplona han procedido a la expulsión de varias decenas de personas sin hogar que pernoctaban de forma precaria en este inmueble de propiedad municipal, desatando una inmediata ola de críticas por parte de colectivos sociales.
El concejal delegado de Acción Social, Txema Mauleón, ha comparecido en rueda de prensa para explicar que se trata de una "actuación programada" vinculada al inminente inicio de las obras de rehabilitación del edificio. El objetivo municipal es convertir las ruinas en un nuevo espacio de servicios para la ciudadanía.
Mauleón ha subrayado la peligrosidad del inmueble, advirtiendo del riesgo de accidentes debido a su estado ruinoso y a la falta total de condiciones de salubridad. Según los datos ofrecidos por el Ayuntamiento, tras el desalojo se ha atendido a 75 personas, las cuales habrían sido "derivadas a diferentes alojamientos". El convento, sin uso desde 2011, es un punto recurrente de asentamientos precarios que ya ha vivido intervenciones similares en años anteriores.
Según Mauleón, se ha atendido a 75 personas. En concreto, se ha proporcionado alojamiento temporal a 51 personas: ocho personas en el albergue municipal, cuya capacidad se ha ampliado "de manera temporal", 10 personas a otros albergues municipales, y 33 personas a diferentes hoteles y pensiones de Pamplona y Comarca.
Cinco personas estaban empadronadas en otras localidades de la comarca de Pamplona, por lo que "se les ha derivado a que sean atendidos en sus respectivos servicios sociales". A tres personas que eran perceptoras de prestaciones sociales se les ha proporcionado un listado de habitaciones que poder alquilar, y tres personas no han podido ser acogidas "porque estaban previamente sancionadas en los dispositivos de atención a las personas sin hogar". Además, cinco personas "no han querido recibir lo que se les había ofrecido" y ocho personas "han expresado que contaban con alternativas".
El alojamiento ofrecido, en todos los casos, es de tres días, "de acuerdo a la normativa y a los protocolos y ordenanzas municipales que tenemos a este efecto".
La respuesta de los colectivos de apoyo no se ha hecho esperar. Apoyo Mutuo ha emitido un duro comunicado censurando lo que consideran un "desalojo cruel" ejecutado a las 6:30 de la mañana, en una jornada con apenas 6 grados de temperatura y lluvia.
El colectivo niega que exista una alternativa habitacional real y acusa al Consistorio de "insensibilidad humana". "Se les echa de las cuatro paredes que les cobijaban mientras los recursos y camas municipales les han sido siempre vedados", critican, señalando que estas personas luchan diariamente por el padrón y su regularización administrativa.
Desde Apoyo Mutuo exigen al equipo de Joseba Asiron la habilitación urgente de camas y recursos de alimentación e higiene. "El interés general pasa por el deber humanitario hacia estas personas sin hogar", concluyen, preguntándose qué será ahora de las más de 60 personas que, según sus cálculos, han quedado en una situación de desamparo total tras la intervención policial.
