Pablo Bustinduy ha defendido en Pamplona la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler y ha cargado contra el PP por su rechazo a esta medida, en una visita en la que se ha reunido con la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha asegurado que la oposición popular mantiene una actitud “dogmática y cerril” y ha advertido del “coste político” que puede tener oponerse a una iniciativa que, según ha sostenido, protege a 1,6 millones de personas.
La visita de Bustinduy a Pamplona ha servido también para reforzar el respaldo del Ministerio a las políticas de vivienda impulsadas por Begoña Alfaro en Navarra. Entre ellas figura la declaración de 21 municipios navarros como zonas tensionadas, una medida que ha situado el debate sobre el alquiler en el centro de la discusión política en la Comunidad foral.
El ministro ha insistido en que muchos inquilinos se enfrentan a subidas de entre el 40% y el 70% cuando vencen sus contratos. Además, ha recordado que entre los votantes del PP hay “el doble de inquilinos que de caseros”, una afirmación con la que ha tratado de presionar políticamente a los populares para que apoyen la prórroga.
Frente a ese planteamiento, el foco se ha puesto en la evolución reciente del mercado del alquiler en Navarra. Según los datos citados del Índice Inmobiliario de Fotocasa, la comunidad ha registrado en el primer trimestre de 2026 una caída trimestral del -1,3% y una variación interanual del -0,8%, hasta situarse en 11,94 euros por metro cuadrado al mes.
Esos datos sitúan a Navarra entre las pocas comunidades donde el precio del alquiler ha bajado en ese periodo. Sin embargo, el debate no se ha quedado solo en el precio, sino que ha girado también en torno a la evolución de la oferta de vivienda disponible, una de las cuestiones que más preocupa ahora en Pamplona y en otras zonas con alta demanda.
En este punto, se han puesto sobre la mesa los datos del Observatorio de Vivienda de Navarra, basados en el RECA, que apuntan a una caída del 17% en los contratos de alquiler habitual en Pamplona durante el cuarto trimestre de 2025. Además, en las zonas tensionadas, la oferta de alquiler permanente se habría reducido hasta un 26% en la capital navarra.
El análisis crítico sobre estas cifras sostiene que el control de precios y las prórrogas forzosas pueden provocar el efecto contrario al que persiguen. Es decir, una menor oferta de pisos en alquiler, viviendas retiradas del mercado y mayores dificultades para acceder a una vivienda, especialmente entre jóvenes y familias.
En esa línea, también se ha recordado la polémica generada después de que Begoña Alfaro cuestionara públicamente los datos de Idealista, aludiendo a una supuesta falta de rigor estadístico y a una posible manipulación. Días después, según el texto facilitado, los datos oficiales del propio Gobierno de Navarra coincidieron con el diagnóstico de una reducción de la oferta.
La crítica política se dirige así contra el modelo intervencionista que defienden tanto Bustinduy como Alfaro. Quienes rechazan estas medidas consideran que la prórroga obligatoria de contratos o la limitación de precios no resuelven el problema estructural de la vivienda, sino que lo agravan al desincentivar a los propietarios y reducir la inversión privada.
En paralelo, el Gobierno de Chivite ha defendido su gestión en materia de vivienda con el dato de 606 viviendas protegidas iniciadas en 2025 y ha acusado a la oposición de bloquear avances. Aun así, los críticos con esta política sostienen que el principal problema sigue siendo la falta de oferta, tanto en vivienda libre como en alquiler estable.
El debate de fondo vuelve así a la misma pregunta: cómo aumentar la vivienda disponible sin tensionar aún más el mercado. Mientras el Ministerio y el Ejecutivo foral apuestan por una mayor intervención, sus detractores reclaman más construcción, más seguridad jurídica y medidas que faciliten sacar pisos al mercado del alquiler en Navarra.
