La presidenta ha comparecido en el Parlamento, en Pamplona, tras la petición de UPN. Ha defendido que la obra sigue y que los pagos y el nuevo modificado se están trabajando con Intervención.
Las obras de Belate han continuado este viernes tras el parón navideño, según ha asegurado el Gobierno de Navarra. La presidenta, María Chivite, ha afirmado que los trabajos “continúan” y que ahora se avanza en los pagos a la UTE y en el diseño del nuevo modificado.
Chivite ha explicado que se están “resolviendo” los abonos a la UTE y que el nuevo modificado se está preparando de forma coordinada entre los departamentos implicados, con la Intervención General integrada en el proceso, tras el reparo suspensivo.
La presidenta ha comparecido en comisión parlamentaria a petición de UPN para informar sobre la situación del modificado de los túneles de Belate y Almándoz y el reparo. A la sesión en Pamplona ha acudido acompañada por el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, y el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti.
En su intervención, María Chivite ha señalado que, como presidenta, “la única decisión” asumida en este asunto ha sido “buscar la manera de acabar con más de una década de desidia política”. También ha defendido que ha exigido que Belate deje de ser “el último túnel de España” en cumplir la normativa de seguridad, una situación que ha atribuido a los gobiernos anteriores de UPN.
Chivite ha remarcado que “la presidenta no diseña pliegos”, ni está en “mesas de adjudicación”, ni elabora informes, ni “da directrices técnicas”. Y ha recordado que, al llegar al Gobierno en 2019, se decidió ejecutar las obras “lo antes posible” por el riesgo para la vida de las personas y la amenaza de multa de la Comisión Europea por el incumplimiento de la normativa.
Sobre el modificado, ha reconocido que “se están evidenciando distintos criterios técnicos”, pero ha insistido en que no existe “ningún interés político” ni “interferencia” en el proceso. Además, ha subrayado que el reparo suspensivo podría haberse levantado en una sesión de Gobierno, pero que no se hizo, pese a que habría sido legal, como muestra de que no hay participación política en el procedimiento.
Por su parte, el consejero Óscar Chivite ha afirmado que, a juicio de la Intervención General, la tramitación del modificado por imprevisibilidad “no ha sido correcta” en su conjunto. Según ha indicado, desde que se conoció el informe de fiscalización se ha establecido un plan de acción con medidas correctoras que se están aplicando en los momentos oportunos para no interferir en la ejecución.
El consejero ha detallado que en diciembre el interventor general emitió un informe de fiscalización positivo para aprobar y abonar las certificaciones comprendidas entre mayo y noviembre de 2025, por un total de 11.742.793 euros, conforme al proyecto original. Ese pago, ha dicho, se realizó la última semana de diciembre, y el abono acumulado desde el inicio del contrato asciende a 24.206.878 euros.
También ha precisado que la certificación de diciembre ronda los 5,4 millones de euros e incorpora los trabajos del mes y nuevas unidades no cuestionadas en el informe, con limitación del 5% por nuevas unidades y otro 5% por incremento de mediciones. Además, ha señalado que Obras Públicas plantea un nuevo expediente de modificación para mantener el método de excavación “avanza y destroza”, con una justificación técnica de sostenimiento para garantizar la seguridad en un terreno con condiciones geológicas complicadas y no detectadas en los sondeos previos.
En el debate, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha asegurado tener “la certeza” de que la presidenta no ha cesado al consejero “por todo lo que sabe y no cuenta” y ha acusado al Gobierno de “tapar” la modificación. Ha criticado que, según sus palabras, se ocultó durante 14 meses que el coste pasaba de 76 millones a 84,5, y ha calificado el modificado presentado por la UTE como “un fraude”, pidiendo a Chivite que dimita y convoque elecciones.
Desde el PSN, Ainhoa Unzu ha replicado que, frente a ese “falso relato”, la presidenta ha optado por priorizar el interés general, garantizar la continuidad de la obra y abonar únicamente los trabajos fiscalizados. Por EH Bildu, Laura Aznal ha defendido que se trata de una obra de “primer orden” y “primera necesidad”, y ha pedido una reflexión sobre los principios y valores que deben regir la gestión y el control de los fondos públicos, mientras que Pablo Azcona (Geroa Bai) ha reclamado rigor, legalidad y transparencia para mantener la confianza ciudadana.
Desde el PPN, Javier García ha señalado que Acciona/Osés están excavando y avanzando a pesar del parón navideño, y ha criticado que no se cumpla la promesa de trabajar 365 días al año en tres turnos. En la misma sesión en Pamplona, Miguel Garrido (Contigo-Zurekin) ha sostenido que hay un control interno que funciona y que, según la información disponible, la mesa de contratación no ha visto indicios de corrupción, mientras que Emilio Jiménez (Vox) ha responsabilizado políticamente a la presidenta.
