La sombra del escándalo en las obras de duplicación de los túneles de Velate cercena cada día con mayor intensidad la estabilidad del Ejecutivo foral. La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, se encuentra acorralada y sin margen de maniobra política ni técnica. Este lunes por la tarde se ha visto obligada a convocar a la desesperada una reunión a puerta cerrada con sus propios socios de coalición (Geroa Bai y Contigo-Zurekin) tras quedarse sin argumentos para justificar el polémico desembolso de 8,3 millones de euros reclamado por la UTE adjudicataria —a la que pertenecía Servinabar, la firma vinculada a la trama de Santos Cerdán–, hasta que saltaron las primeras irregularidades en la adjudicación.
El detonante del incendio ha sido el demoledor dictamen de la asesoría jurídica del propio Gobierno de Navarra, que ha tumbado tajantemente la fórmula del "enriquecimiento injusto" con la que el departamento de Cohesión Territorial pretendía colar el pago del sobrecoste. Incapaz de ofrecer una respuesta técnica convincente ni a los funcionarios de la administración ni a sus propios aliados, la brecha interna en el Palacio de Navarra ha saltado por los aires.
La presión sobre Chivite no solo llega desde el interior del Palacio. La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha aprobado este mismo lunes su comparecencia urgente en comisión tras las peticiones registradas por UPN y PPN. La presidenta socialista deberá dar la cara este miércoles en la Cámara foral para aclarar qué alternativa pretende utilizar para abonar una modificación presupuestaria que los redactores del proyecto original calificaron de innecesaria y que carece de cobertura legal.
A la cumbre de crisis convocada pasadas las 17:00 horas ha acudido el núcleo duro de la vertiente socialista del Ejecutivo, incluyendo al consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, y al consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, acompañados por la cúpula parlamentaria del PSN con Ainhoa Unzu y Javier Lecumberri al frente.
Por parte de los socios, la presencia de la vicepresidenta segunda, Ana Ollo, y del portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, junto a los representantes de Contigo-Zurekin (Carlos Guzmán y Miguel Garrido), evidencia la profunda preocupación y la desconfianza que reina en el seno del tripartito. Fuentes parlamentarias coinciden en que la posición del Gobierno es insostenible: las máquinas continúan paradas en la boca del túnel de Velate mientras la presidenta es incapaz de dar explicaciones lógicas ante el veto de los servicios jurídicos y la Intervención General.
