La investigación se centra en varios contratos de reconstrucción del parque tras el incendio de 2022 y en su adjudicación a una misma empresa constructora.
El 'caso Sendaviva' ha llegado a los juzgados después de que el Juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona haya admitido a trámite una querella presentada por Vox por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.
La causa gira en torno a las obras de reconstrucción realizadas en el parque de ocio de Sendaviva, en Arguedas, después del incendio registrado en 2022. Según la querella, varias actuaciones habrían sido adjudicadas a una misma empresa mediante contratos separados y por importes inferiores al umbral que obligaba a una intervención más estricta de la Mesa de Contratación.
La empresa señalada en la querella es Adentro Construimos SL, propiedad del constructor Carlos Vidaurre. Vox sostiene que esta compañía recibió cuatro contratos vinculados a la reconstrucción del parque: la urbanización del acceso, la construcción del nuevo edificio de entrada, el acondicionamiento de caminos de servicio y la urbanización de una plaza junto a la cimentación de una atracción de caída libre.
Los importes recogidos en la querella han llamado la atención porque se situaban todos por debajo de los 200.000 euros. En concreto, Vox ha citado contratos de 199.999 euros, 199.999 euros, 190.000 euros y 199.848,74 euros. La formación considera que esa división pudo servir para evitar los controles previstos en la Ley Foral de Contratos Públicos.
La investigación judicial deberá determinar ahora si ese reparto de contratos ha supuesto un fraccionamiento indebido y si existieron irregularidades en el procedimiento de adjudicación. La magistrada ha ordenado reclamar a la Intervención General del Gobierno de Navarra los informes elaborados sobre los contratos de reconstrucción de Sendaviva.
El auto también ha acordado remitir documentación a la Cámara de Comptos para que emita un informe sobre la licitud del posible fraccionamiento de los contratos. Esa valoración será una de las claves para aclarar si las adjudicaciones se realizaron conforme a la normativa o si se vulneraron los controles exigidos para este tipo de obras.
El caso ha adquirido además una dimensión política porque la misma constructora señalada en las obras de Sendaviva habría realizado, según la querella, la reforma del piso de Ramón Alzórriz, parlamentario foral del PSN y exsecretario de Organización de los socialistas navarros. La denuncia también menciona obras en la sede del Partido Socialista de Navarra y otras adjudicaciones públicas a la misma empresa.
La querella se dirige contra Ramón Alzórriz, el constructor Carlos Vidaurre y el exgerente de Parquenasa Rubén González. En el caso de Alzórriz, al ser parlamentario foral y estar aforado, el procedimiento deberá remitirse al Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
Vox presentó inicialmente la querella en junio de 2025 y posteriormente la amplió con informes de la Intervención General del Gobierno de Navarra y de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra. Según la formación, esos documentos habrían detectado indicios de fraccionamiento indebido y posibles irregularidades en la licitación.
La ampliación de la querella también incorpora otro elemento: la contratación de Martín Vidaurre Martínez, hijo del constructor Carlos Vidaurre, como asesor en el Grupo Parlamentario Socialista del Parlamento de Navarra. Vox considera que este dato debe ser analizado dentro del conjunto de relaciones investigadas.
El juzgado ha abierto ahora diligencias previas, lo que supone el inicio de una fase de investigación. La causa deberá aclarar si las adjudicaciones, las relaciones entre los investigados y las obras privadas mencionadas en la querella tienen relevancia penal o si, por el contrario, no existen indicios suficientes para sostener los delitos denunciados.
