El Juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona ha abierto diligencias por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias en contratos de Sendaviva.
Vox ha exigido este martes a Ramón Alzórriz que deje su acta de parlamentario foral. Lo ha hecho después de que el Juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona haya admitido a trámite la querella presentada por la formación contra el dirigente socialista, el constructor Carlos Vidaurre y el exgerente de Parquenasa Rubén González por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.
La decisión judicial ha supuesto la apertura de diligencias previas en torno a los contratos de reconstrucción de Sendaviva tras el incendio de 2022. En el caso de Ramón Alzórriz, al tratarse de un parlamentario aforado, el procedimiento se remitirá al Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
El auto dictado por la magistrada ha ordenado el traslado de la querella a los querellados no aforados. Además, ha requerido a la Intervención General del Gobierno de Navarra los informes elaborados sobre los contratos de reconstrucción del parque.
También se ha acordado enviar la documentación a la Cámara de Comptos para que emita un informe sobre la licitud del fraccionamiento de los contratos. La investigación afecta a varias adjudicaciones vinculadas a las obras realizadas en Sendaviva después del incendio registrado en 2022.
La querella no ha sido admitida contra el consejero José Luis Arasti Pérez al no haberse aportado inicialmente el poder especial para su interposición. Sin embargo, VOX Navarra ha explicado que se ha tratado de un error electrónico y ha anunciado que será subsanado en los próximos días.
La formación ha reclamado que Ramón Alzórriz abandone su acta en el Parlamento de Navarra. El dirigente socialista fue secretario de Organización del PSN y es parlamentario foral.
El presidente provincial de VOX en Navarra, José María García Elorz, ha valorado la admisión a trámite de la querella y ha señalado que “se investigan delitos de cohecho y tráfico de influencias”. También ha indicado que se deduce una pieza al TSJ de Navarra para investigar al aforado Ramón Alzórriz.
García Elorz ha afirmado que Alzórriz es “la mano derecha de la señora Chivite e íntimo amigo de Santos Cerdán en la época gloriosa en la que se cocía toda la corrupción en Navarra”. En esa misma línea, ha defendido que su partido seguirá adelante con la investigación judicial.
“Lo hemos dicho desde el principio, VOX va a perseguir los indicios de corrupción ahí donde se presenten y no vamos a parar hasta aclarar toda esta basura”, ha añadido García Elorz. El responsable provincial de la formación ha vinculado el caso con lo que ha calificado como “el inmenso edificio de la corrupción socialista”.
Según ha recordado VOX, la formación llevó el caso a la justicia en junio de 2025. La denuncia se centró en la adjudicación a la empresa Adentro Construimos SL, propiedad de Carlos Vidaurre, de cuatro contratos que, según la querella, habrían sido fraccionados por debajo de los 200.000 euros.
La formación ha sostenido que esa división de contratos habría evitado la intervención de la Mesa de Contratación prevista en la Ley Foral de Contratos Públicos. Los contratos señalados corresponden a la urbanización del acceso al parque, por 199.999 euros; la construcción del nuevo edificio de acceso, por 199.999 euros; el acondicionamiento de caminos de servicio, por 190.000 euros; y la urbanización de la plaza y cimentación de caída libre, por 199.848,74 euros.
La empresa Adentro Construimos SL fue también la encargada de reformar el piso de Ramón Alzórriz y la sede del Partido Socialista de Navarra, según ha señalado VOX en su nota. Además, la formación ha apuntado que esta sociedad ha recibido otras adjudicaciones de obra pública.
Posteriormente, VOX amplió la querella con informes de la Intervención General del Gobierno de Navarra y de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra, la OANA. Según la formación, esos documentos han detectado indicios de fraccionamiento indebido de contratos y posibles irregularidades en el procedimiento de licitación.
En esa ampliación también se ha incluido la contratación de Martín Vidaurre Martínez, hijo del constructor Carlos Vidaurre, como asesor en el Grupo Parlamentario Socialista del Parlamento de Navarra.
García Elorz ha sostenido que la admisión de la querella “evidencia la presunta corrupción que ha rodeado al Gobierno de María Chivite en la gestión de fondos públicos en Sendaviva”. Además, ha exigido “transparencia total” y que los responsables políticos asuman sus responsabilidades, “empezando por la dimisión de Ramón Alzórriz como parlamentario”.
