Sergio Sayas, secretario de Organización del PP navarro y diputado en el Congreso por Navarra analiza los caos de corrupción que acechan al PSOE en España y en Navarra en particular y carga contra la presidenta María Chivite por su gestión de la corrupción. “A Santos Cerdán lo invitaba exclusivamente por su condición de socialista”, afirma al señalar lo que considera una confusión deliberada entre partido e institución cuando Cerdán se colaba en reuniones entre el Gobierno de Navarra y el Ejecutivo central.
P.: Ha sido muy contundente al afirmar que la corrupción que afecta a España tiene su germen en Navarra, señalando directamente al "caso Cerdán". Sin embargo, el Gobierno foral parece no darse por aludido.
R.: Es que lo que hemos vivido en la comisión de investigación del Parlamento es inaudito. Hemos tenido que soportar cómo la señora Chivite pretendía reducir lo sucedido a simples "irregularidades administrativas", como si el problema fuera meramente haber presentado un documento tres minutos fuera de plazo en el registro. La realidad es mucho más profunda y grave.
P.: Usted ha denunciado sin tapujos las vinculación entre la trama de Cerdán y el Gobierno foral. ¿Qué pruebas maneja para afirmar que existió un trato de favor hacia el entorno de Santos Cerdán en las adjudicaciones públicas del Gobierno Foral?
R.: Lo que ha ocurrido es una vulneración flagrante de la Ley de Contratos en un proceso que ha estado plagado de irregularidades y que, de manera nada accidental, terminó con adjudicaciones directas a la trama corrupta vinculada a Santos Cerdán. Si la presidenta del Gobierno de Navarra pretende sostener que no tiene ninguna responsabilidad en este asunto, yo me pregunto: ¿en qué tiene responsabilidad entonces? Estamos hablando de que se han desviado más de 100 millones de euros hacia una empresa en la que Santos Cerdán poseía una participación del 45 %. Fue la propia María Chivite quien le abrió de par en par la puerta de la contratación pública.
En la comisión de investigación, la señora Chivite intentó justificarse argumentando que invitaba al señor Cerdán a las reuniones del Ejecutivo simplemente por su condición de diputado. Pues bien, yo también soy diputado por Navarra y puedo asegurar que la señora Chivite jamás me ha convocado a una reunión. A Santos Cerdán lo invitaba exclusivamente por su condición de socialista; esa confusión deliberada entre el partido y la institución es el germen de la corrupción. María Chivite le dio asiento en reuniones intergubernamentales donde se decidía sobre obra pública que, casualmente, acababa en manos de la empresa de Cerdán. ¿De qué se sorprende ahora la presidenta?
P.: ¿Sostiene usted entonces que la presidenta Chivite era plenamente consciente de estas maniobras o era más pura negligencia?
R.: Ante este escenario solo caben dos tipos de responsabilidad: si ella estaba al tanto de lo que ocurría, debe dimitir de inmediato por corrupta y por encubrimiento; y si no lo sabía, debe hacerlo por absoluta incompetencia. No es admisible que, ante una obra de 100 millones de euros —una envergadura que no se veía en Navarra desde hace décadas—, la presidenta del Gobierno ignore los detalles del proceso y no detecte que este se encuentra viciado de irregularidades.
Aunque legalmente no pueda formar parte de la mesa de contratación ni participar en sus deliberaciones, una vez conocidos los hechos después de la tramitación, su obligación es asumir responsabilidades políticas. Sin embargo, no hemos visto el cese del consejero ni de ningún alto cargo. Cuando afirman que han cesado a Ramón Alzórriz, faltan a la verdad de forma descarada; el señor Alzórriz sigue siendo parlamentario foral. Lo que han hecho es un cambio cosmético en la Secretaría de Organización del PSN para simular una respuesta política, pero el resultado práctico es nulo. Esa es la manera en la que Chivite gestiona la corrupción de Cerdán: burlándose de los ciudadanos tras haberles hecho pasar por la vergüenza de ver a Navarra como protagonista de la corrupción nacional, pagada, además, con el dinero de todos los navarros.
P.: Ha mencionado explícitamente a Ramón Alzórriz, sobre quien pesan sospechas relacionadas con su entorno personal por obras en su vivienda de la misma constructora que recibió luego adjudicaciones fraccionadas en Sendaviva. ¿Considera que su continuidad en el partido es éticamente sostenible?
R.: Un partido que tuviera la intención real de combatir la corrupción de manera preventiva ya habría prescindido de Ramón Alzórriz. Las explicaciones que ha ofrecido sobre la vinculación de su pareja con Servinabar y sobre las adjudicaciones en Senda Viva, presuntamente conectadas con la reforma de su propia vivienda, no le dejan en buen lugar bajo ningún concepto. El problema de fondo es que la señora Chivite nunca ha tenido la intención de combatir la corrupción, sino de taparla. Su estrategia consiste en intentar que pasemos página cuanto antes, pero lo que no termina de comprender es que los ciudadanos navarros se lo van a demandar en las urnas. Se ha resistido a convocar elecciones de forma desesperada, pero el momento llegará dentro de un año. Entonces le recordaremos que mientras ella permitía estas prácticas en su partido y en su gobierno —porque no olvidemos que Santos Cerdán proviene del PSN que ella dirige y las obras las adjudica su Ejecutivo—, la sociedad navarra no estaba dispuesta a aceptar semejante degradación.
P.: Usted insiste en que Navarra atraviesa una crisis de valores y de gestión sin precedentes. ¿Cree que el mensaje sobre la gravedad de esta "UTE de poder", como usted la define, está calando realmente en la opinión pública?
R.: Nosotros tenemos la responsabilidad pedagógica de explicárselo a la ciudadanía de la forma más clara posible, porque Navarra enfrenta actualmente tres problemas críticos. El primero es la corrupción. El segundo es la inmoralidad de unos acuerdos de gobierno que solo se explican por una ambición desmedida de poder; no hay otra forma de entender el entendimiento del Partido Socialista con Bildu y con una formación tan dispar como Geroa Bai, si no es como una "Unión Temporal de Empresas" para repartirse el poder.
Y el tercer gran problema es el deterioro alarmante de los servicios públicos. Es doloroso ver cómo una comunidad que siempre lideró los índices de progreso en España hoy tiene una sanidad con casi 20.000 personas más en lista de espera que cuando Chivite llegó a la presidencia. Además, se están batiendo récords históricos de gasto en privatizaciones y conciertos, alcanzando los 100 millones de euros; resulta curioso recordar lo que decían sobre la sanidad privada quienes hoy ostentan el poder.
P.: En este balance crítico que realiza, también ha señalado a la ministra Elma Saiz por su gestión en los túneles de Velate. ¿Qué papel le atribuye exactamente en esta presunta trama?
R.: Elma Saiz fue la responsable de introducir una disposición específica en los presupuestos de Navarra para permitir que un funcionario, que debería haberse jubilado tres años antes, permaneciera en activo. Casualmente, esa misma persona terminó presidiendo la mesa que adjudicó la obra de Velate. Y, de nuevo casualmente, su voto —emitido tras conocer el sentido del voto del resto de miembros— fue el que decantó la adjudicación. Todo este engranaje fue posible gracias a la disposición presupuestaria que ella impulsó. He preguntado a la señora Saiz en cinco ocasiones durante las sesiones de control quién le pidió incluir esa cláusula: si fue Santos Cerdán, si fue María Chivite o si fue una iniciativa propia. A día de hoy, sigo esperando una respuesta.
Y de concejal en Pamplona pasó a ministra y portavoz del Gobierno central.
Pedro Sánchez, cuya carencia de escrúpulos es conocida, la mantiene en el Ministerio, pero es evidente que estamos ante una trama. En mi despacho del Congreso tenemos un esquema con los nombres y las conexiones, y es tan complejo que parece ingeniería de tuberías. No hace falta un máster para entender que esta gente no puede permanecer ni un minuto más al frente de las instituciones, ni en España ni en Navarra.
P.: Precísamente desde su posición en el Congreso de los Diputados, usted mantiene un pulso diario con el Gobierno de Pedro Sánchez. Con la perspectiva que le otorga su presencia en Madrid, ¿qué futuro le augura a una legislatura marcada por la inestabilidad y la presión judicial?
R.: Es sumamente difícil de predecir porque Pedro Sánchez no funciona bajo parámetros de normalidad política. Cualquier dirigente en una situación como la suya habría dimitido hace ya mucho tiempo. Para empezar, debería haberlo hecho por la corrupción que le rodea, pero también por el hecho de haber llegado al poder de la mano de formaciones filoetarras y de quienes perpetraron un golpe contra la Constitución en Cataluña. Lo que Sánchez nos ha demostrado es que su única prioridad es él mismo y su permanencia en el poder. No le importa España, ni tiene un proyecto para este país, ni le preocupa la estabilidad o la decencia institucional. Por lo tanto, intentar adivinar qué hará mañana es imposible; Sánchez hará, única y exclusivamente, lo que le convenga a Sánchez.
P.: Ante el ruido constante de un posible adelanto electoral, ¿contempla que el presidente opte por una estrategia plebiscitaria antes de agotar los tiempos legales, o cree que resistirá hasta el último minuto?
R.: Él se moverá según su propia conveniencia. Hay analistas que piensan que adelantará las elecciones porque el cerco de la corrupción va a estrecharse todavía más sobre él. Otros creen que resistirá hasta el límite cronológico. También existe la posibilidad de que nos aboque a unas elecciones que no sean normalizadas, sino planteadas como un plebiscito personal. Con Sánchez, cualquier escenario, por disruptivo que sea, es posible.
P.: No obstante, a pesar de ese desgaste que usted describe, el bloque gubernamental parece mantener una base fiel. ¿Qué estrategia debe seguir el Partido Popular para convencer a ese electorado que todavía no ve una alternativa clara?
R.: Lo que estamos observando es que la política de Sánchez se ha vuelto indistinguible de la izquierda radical y del nacionalismo, por lo que está absorbiendo ese voto. Sin embargo, el socialismo moderado —esa gente que puede tener ideas de izquierdas pero que no transige con la corrupción ni con el deterioro institucional que Sánchez está provocando— le va a retirar su confianza. No tengo ninguna duda de que tendremos un gobierno del Partido Popular. Ahora bien, para que eso ocurra, hay que llenar las urnas; no podemos permitirnos el lujo de la confianza. El año 2023 ya nos enseñó que dar los gobiernos por hechos antes de votar es un error grave. Los gobiernos se ganan cuando se deposita el voto. En el momento en que se convoquen generales, habrá que decirles a los españoles que estamos en una situación de emergencia nacional y que es imperativo sumar todo el apoyo posible en torno a la única alternativa viable.
P.: ¿Qué objetivo resulta más complejo de alcanzar hoy en día: desalojar a Pedro Sánchez de La Moncloa o terminar con la hegemonía del cuatripartito de María Chivite en Navarra?
R.: Ambos desafíos comparten un mismo parámetro: la falta de escrúpulos de quienes ostentan el poder. Para ambos escenarios necesitamos la misma receta, que es la suma de esfuerzos. Tanto los navarros como los españoles en su conjunto debemos ser plenamente conscientes de que atravesamos un momento de emergencia. En situaciones así, es necesario tomar opciones que, en un contexto de normalidad, quizás habrían ido hacia otras formaciones. Pero ante una emergencia de este calibre, no podemos permitir que nuestro apoyo sirva para menospreciar la corrupción o para pasar por alto el deterioro de los servicios públicos y la quiebra ética y moral que se ha instalado en nuestro país.
