Francisco Javier Lorente ha negado este martes en el Parlamento de Navarra haber participado en ninguna trama vinculada a adjudicaciones públicas dentro del conocido como caso Cerdán. El gestor del bar Franky ha asegurado que no tuvo conocimiento de irregularidades ni de supuestas mordidas relacionadas con obra pública.
La comparecencia se ha producido en la comisión de investigación sobre adjudicación de obra pública. Su establecimiento aparece citado en un informe de la UCO de la Guardia Civil como presunto intermediario para emitir facturas falsas, una fórmula que, según la investigación, se habría utilizado para el pago de comisiones ilegales.
Lorente ha comenzado su intervención defendiendo que su actividad ha sido “exclusivamente empresarial”. Ha explicado que ha sido propietario, junto a su esposa, de un restaurante en Pamplona y que no ha ostentado ningún cargo público ni responsabilidad política.
El compareciente ha subrayado que no ha recibido dinero para su patrimonio personal. Además, ha advertido de que existe un procedimiento judicial en curso que afecta a los hechos investigados y ha dejado claro que no se pronunciará sobre cuestiones que puedan interferir en esa causa.
En este sentido, ha afirmado que no valorará informes incorporados a la investigación. “Responderé únicamente a aquellas cuestiones que no interfieran con el procedimiento judicial”, ha señalado al inicio de su intervención ante los grupos parlamentarios.
El bar Franky estuvo abierto durante cuatro años, hasta diciembre de 2019. Estaba situado frente al Palacio de Justicia de Pamplona y fue regentado por Lorente y su esposa durante ese periodo.
En el turno de preguntas de UPN, el parlamentario Juan Luis Sánchez de Muniáin ha aludido al informe de la UCO. Ha indicado que el establecimiento habría sido “posiblemente utilizado para lavar cantidades de dinero provenientes, presuntamente, de adjudicaciones relacionadas con obra pública o con presuntas mordidas”.
Ante esta afirmación, Lorente ha reiterado que no se pronunciará. Ha insistido en que existe una investigación judicial abierta y que no debe hacer valoraciones al respecto.
Sánchez de Muniáin ha defendido que, al no estar investigado en la causa, el compareciente tiene obligación de responder. La letrada de la comisión ha intervenido para aclarar que, si tiene conocimiento de las preguntas y están relacionadas con el objeto de la comparecencia, debe decir la verdad y contestar a lo que se le formule.
