• martes, 27 de octubre de 2026
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TRIBUNALES

Juzgan al secretario de un pueblo de Navarra por desviar a sus cuentas más de 130.000 euros de dinero público

La Fiscalía sostiene que realizó 79 transferencias a dos cuentas personales entre 2020 y 2022 y reclama que devuelva todo el dinero.

A la derecha, el Ayuntamiento de Oteiza, consistorio que reclama ahora el dinero al que fuera su secretario.

La Fiscalía de Navarra solicita siete años de prisión para un secretario municipal del Ayuntamiento de Oteiza acusado de haber desviado 130.659,97 euros de las cuentas públicas a dos cuentas bancarias de su propiedad. El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado realizó 79 transferencias entre 2020 y 2022 y utilizó facturas falsas para justificar los movimientos de dinero. El juicio se celebra este martes en Pamplona. 

El acusado comenzó a trabajar como secretario del Ayuntamiento de Oteiza el 1 de diciembre de 2017. Entre sus responsabilidades se encontraban el control de las cuentas municipales y la autorización de los pagos a proveedores y empresas que prestaban servicios al consistorio.

Según el escrito de acusación, el secretario aprovechó precisamente esas funciones para realizar transferencias desde una cuenta del Ayuntamiento en Caja Rural hacia dos cuentas personales que tenía abiertas en otra entidad bancaria. La Fiscalía considera que actuó con la intención de enriquecerse de manera ilícita.

En concreto, el Ministerio Fiscal le atribuye 79 transferencias bancarias realizadas durante tres años, desde 2020 hasta 2022, por un importe conjunto de 130.659,97 euros. Todo ese dinero procedía, según la acusación, de los fondos municipales de Oteiza.

Facturas falsas para justificar las transferencias

La Fiscalía sostiene que el acusado utilizó dos procedimientos diferentes para justificar la salida del dinero de las cuentas del Ayuntamiento. En ambos casos, habría recurrido a la elaboración de facturas ficticias para dar apariencia de legalidad a las operaciones.

Por un lado, supuestamente confeccionaba facturas en las que figuraban terceros que, en realidad, no habían realizado ningún trabajo ni suministrado bienes al Ayuntamiento. De esta manera, según el Ministerio Fiscal, justificaba pagos por servicios que nunca se habían prestado.

Por otro lado, la acusación señala que también elaboraba dos facturas por un mismo servicio realmente prestado. Una de ellas se destinaba a pagar a la empresa que había realizado el trabajo, mientras que el importe de la segunda acababa en una cuenta bancaria personal del secretario.

El escrito de acusación detalla el destino del dinero que supuestamente salió de las arcas municipales. De las 79 transferencias investigadas, un total de 27 operaciones se realizaron a una primera cuenta bancaria del acusado.

El importe acumulado de estos movimientos ascendió a 39.683,07 euros. Las otras 52 transferencias se dirigieron a una segunda cuenta personal y sumaron 90.976,90 euros. Ambas cantidades alcanzan los 130.659,97 euros que la Fiscalía considera desviados de los fondos públicos.

Siete años de cárcel y veinte de inhabilitación

Por estos hechos, la Fiscalía atribuye al acusado un delito continuado de falsedad en documento mercantil, en concurso con un delito de malversación. Esto significa que, según la acusación, la falsificación de documentos habría servido como medio para cometer la malversación de fondos públicos.

La pena solicitada asciende a siete años de prisión. Además, la Fiscalía reclama una inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante veinte años, así como la inhabilitación para el sufragio pasivo durante el tiempo de la condena de prisión y el pago de las costas procesales.

Además de las penas de cárcel e inhabilitación, el escrito de acusación establece una reclamación económica por el dinero que presuntamente habría salido de las cuentas del Ayuntamiento de Oteiza.

En concreto, la Fiscalía solicita que el acusado, como responsable civil directo, indemnice al Ayuntamiento de Oteiza con 130.659,97 euros, una cantidad a la que deberán añadirse los correspondientes intereses legales.

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