El Gobierno central de Pedro Sánchez ha admitido que "se ha procedido a la supresión" de algunas unidades del Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil en el Roncal Navarra por cuestiones "operativas", ya que las alertas son derivadas desde el servicio de emergencias 112 de cada región a los servicios específicos de las comunidades autónomas, en detrimento del Instituto Armado.
Varios colectivos de la Guardia Civil señalaron que esta decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez respondía de nuevo a los pagos de los socialistas a EH Bildu por su apoyo a los presupuestos y al respaldo que los abertzales prestan a María Chivite en Navarra.
La excusa del Ejecutivo central se ha centrado es esgrimir que se han creado otras unidades de bomberos, prescindiendo de la experiencia y medios de las unidades especiales de montaña que llevan años trabajando en Navarra.
"Las incidencias que surgen en este ámbito están siendo atendidas por servicios específicos de rescate o por equipos de bomberos pertenecientes a la propia administración autonómica, a los que se le asignan la responsabilidad de las mismas desde el 112", ha indicado el Gobierno en una respuesta parlamentaria consultada por Europa Press.
"Es por esto que atendiendo a cuestiones técnicas y operativas, directamente relacionadas con la eficacia del servicio en el seno de la Guardia Civil, se ha procedido a la supresión de los GREIM de Roncal", ha señalado.
En su escrito con fecha de 4 de abril, el Ejecutivo habla de "reorganización" del GREIM y lo justifica en que ha "considerado oportuno actualizar la distribución territorial al objeto de adaptarla al incremento exponencial de la actividad de esta especialidad en el medio natural".
En los últimos meses diferentes asociaciones profesionales de la Guardia Civil han cuestionado los planes de los gobiernos autonómicos con policías propias por el choque de competencias, especialmente en el caso de los Mossos d'Esquadra en Cataluña en lo que se refiere al servicio marítimo, un asunto abordado en el Congreso.
Estas asociaciones, de hecho, han puesto el foco en que la mayoría de las intervenciones se derivan hacia los Mossos desde el servicio de emergencias 112, que depende de la Administración autonómica y en cuya sala no hay representantes por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ya sea Guardia Civil o Policía Nacional.
En la respuesta al diputado Pablo Cambronero, el Ejecutivo comienza negando que se esté "suprimiendo progresivamente unidades operativas de la Guardia Civil de los territorios de las Comunidades Autónomas del País Vasco, Navarra y Cataluña". También se refiere al análisis continuo del despliegue y los recursos humanos disponibles para "adecuarlos a un eficaz cumplimiento de sus misiones en las mejores condiciones posibles".
El Gobierno se refiere a continuación a la "reorganización" de las unidades encargadas de desactivación de explosivos. "La necesidad de que cada unidad cuente con un mayor número de componentes para dar una respuesta más eficiente ha llevado a la Guardia Civil a realizar una reorganización del Servicio de Desactivación de Explosivos y Defensa NRBQ (SEDEX-NRBQ)", señala.
Desde el año 2016, el Grupo Especial de Desactivación de Artefactos Explosivos (GEDEX) de la Zona del País Vasco actúa de forma coordinada desde Vizcaya, "concentrando a su personal en la sede del GEDEX de la referida provincia, dado que esta comunidad autónoma posee una extensión pequeña y buenas vías de comunicación".
Algo parecido ocurre en el caso de Lleida, aunque en este caso matizan que la "supresión del GEDEX no supone una disminución de los especialistas dedicados a las funciones propias de la especialidad, sino todo lo contrario". "Representa", precisa el Gobierno, "una mejora en la operatividad de estas unidades al reforzar otros GEDEX, concretamente el de Navarra, Zaragoza y Barcelona".
