El mercado inmobiliario de Navarra se encamina hacia un escenario de intervención sin precedentes. El pleno del Parlamento foral ha dado luz verde este jueves a la proposición de ley reguladora del arrendamiento de habitaciones y contratos de temporada, una normativa impulsada por el bloque oficialista (PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin) junto a EH Bildu que busca, a efectos prácticos, poner fin al rentable negocio de la fragmentación de viviendas en la Comunidad Foral.
La ley introduce medidas de un calado hiperregulador que han encendido de inmediato las alarmas en el sector inmobiliario y en los partidos de la oposición, quienes denuncian una "carrera de burócratas" que terminará por destruir la ya escasa oferta de alquiler en Pamplona y su comarca.
El texto aprobado impone dos hachazos normativos muy concretos que cambiarán las reglas del juego para miles de propietarios:
Fin al blindaje de los contratos temporales: A partir de ahora, los contratos de temporada deberán estar estrictamente vinculados a causas reales, demostrables y acreditadas (como motivos laborales, de formación o médicos). Tendrán un límite máximo improrrogable de un año de duración. Si el propietario no puede justificar al detalle la temporalidad, el contrato mutará automáticamente en un alquiler de vivienda habitual, otorgando al inquilino los derechos de permanencia de cinco años que marca la legislación estatal.
Tope de precio a la fragmentación: En las denominadas zonas tensionadas, la suma de los precios de todas las habitaciones de un piso no podrá superar bajo ningún concepto el límite máximo fijado para el alquiler completo del inmueble. Con esto, el pentapartito prohíbe por ley la práctica de obtener mayores ingresos mensuales dividiendo una vivienda por estancias.
Además, la ley añade más burocracia para los arrendadores, introduciendo la obligatoriedad de inscribir todos y cada uno de estos contratos en un registro público de la Administración.
La tramitación de la norma ha salido adelante entre duras acusaciones de la oposición (UPN, PPN y Vox), que coinciden en señalar que blindar y perseguir el mercado solo empeorará el acceso a la vivienda de los más vulnerables.
Desde UPN, Juan Luis Sánchez de Muniáin ha tachado la norma de inútil, asegurando que "no va a generar ni una sola vivienda más" y que "va a ocasionar que vuelva a descender la oferta de alquiler". El parlamentario instó a los partidos del Gobierno a "abandonar esta carrera de burócratas normativistas, dejar esta ley en el cajón y ponerse a trabajar en cosas que funcionen".
Por su parte, el Partido Popular de Navarra destapó la "estrategia" del Ejecutivo de Chivite para aprobar estas restricciones de espaldas a los controles legales. La portavoz del PPN, Maribel García Malo, denunció que la iniciativa nace del propio Gobierno pero se presenta a través de los grupos parlamentarios para "esquivar todos los informes preceptivos, el control jurídico y la participación ciudadana", convirtiendo la vivienda en una "sucesión de intervenciones cada vez más restrictivas".
Vox se sumó a la ola de reproches calificando la ley de "harakiri para un sector ya moribundo" provocado por el "desconocimiento absoluto de la realidad social" de la izquierda, acusando al Gobierno de "meter la mano en las habitaciones" en lugar de construir vivienda pública con la recaudación récord de impuestos.
