La aprobación de la reforma de la Ley Foral de Transparencia ha dejado en el pleno del Parlamento de Navarra una segunda fotografía política: la de una oposición que ha enumerado uno por uno los principales incumplimientos que, a su juicio, arrastra desde hace años el Gobierno de María Chivite. UPN y PP han coincidido en una idea de fondo: el problema de Navarra no era la falta de una nueva ley, sino la falta de voluntad para cumplir la ya vigente.
La parlamentaria de UPN Marta Álvarez ha centrado buena parte de su intervención en las listas de espera que, según denunció, siguen sin publicarse pese a estar obligadas por la ley. Entre ellas citó las de acceso a los servicios sociales de la cartera pública, como residencias, centros de día, valoración de discapacidad o dependencia. También señaló las listas de espera para acceder a una VPO y a un centro educativo, tres ámbitos especialmente sensibles porque afectan de forma directa a miles de ciudadanos.
A esos incumplimientos sumó otros que afectan a la información económica y de gestión. Álvarez denunció que el Ejecutivo sigue sin publicar el listado de beneficiarios de los fondos europeos a través de ayudas y contratos, ni la evaluación semestral del grado de cumplimiento del acuerdo programático. También aseguró que no existe una base de datos de libre acceso que permita comprobar cuántos contratos tiene cada empresa con la Administración en cada momento, una carencia que vinculó a la necesidad de vigilar adjudicaciones públicas y relaciones con empresas contratistas.
Otro de los reproches de UPN se dirigió al inventario de bienes de la Administración. La portavoz regionalista sostuvo que ese inventario sigue sin actualizarse desde 2020, lo que, en su opinión, refleja hasta qué punto la ley lleva años sin aplicarse con rigor. Para la parlamentaria, no se trata de fallos puntuales, sino de una pauta sostenida en el tiempo.
La intervención de Álvarez también puso el foco en el funcionamiento del Portal de Transparencia. Citó como ejemplo el apartado de regalos recibidos por los miembros del Gobierno, que, según relató, primero ofrecía información desordenada, sin individualizar y difícil de consultar, y ahora llegaba a mostrar un mensaje de “acceso denegado”. A su juicio, ese caso resume una forma de publicar datos sin garantizar que realmente puedan ser consultados por los ciudadanos.
La agenda de la presidenta María Chivite y de los altos cargos fue otro de los asuntos señalados. UPN reprochó que siga habiendo consejeros que publican solo una parte de su actividad institucional y que la presidenta utilice de forma habitual la excepción que permite difundir la agenda a posteriori. Para la oposición, esa práctica vacía de contenido una de las herramientas más útiles para conocer con quién se reúne el poder político y cuándo lo hace.
A esos incumplimientos, UPN sumó otro reproche de especial gravedad institucional. Marta Álvarez aseguró que, desde 2021, el Gobierno de Navarra ha sido condenado o se ha allanado en diez ocasiones por vulnerar el derecho de información de los parlamentarios regionalistas, y remarcó que la última sentencia firme se conoció el día anterior al debate. Para la portavoz, ese historial demuestra que la opacidad del Ejecutivo no es solo política, sino que ha tenido ya reproche judicial.
Por su parte, la portavoz del Partido Popular de Navarra, Maribel García Malo, centró su crítica en el estado del Consejo de Transparencia de Navarra, el órgano llamado a vigilar que la ley se cumpla. La parlamentaria sostuvo que el Consejo sigue sin plantilla propia, sin personal adscrito y sin medios suficientes para ejercer con normalidad sus funciones. Recordó incluso que su presidente expuso en sede parlamentaria que el organismo no dispone de administrativos, técnicos ni juristas propios y que esa precariedad le impidió realizar en 2024 evaluaciones de oficio sobre publicidad activa.
El PP añadió otro incumplimiento que considera especialmente grave: que el Gobierno no solo no refuerza al Consejo, sino que además recurre sus resoluciones cuando no le resultan favorables. García Malo puso como ejemplo el Acuerdo AR 144/2025 sobre el contrato de Volvo y Sunsundegui, en el que el Consejo ordenó entregar documentación y el Ejecutivo optó por acudir a los tribunales. Para los populares, ese comportamiento debilita de manera directa al órgano garante y lanza el mensaje de que la transparencia solo se acepta cuando no incomoda al poder.
La portavoz popular también aseguró que los requerimientos al Gobierno para que entregue información a los parlamentarios se repiten semana tras semana en la Junta de Portavoces, hasta el punto de que ya no pueden considerarse episodios aislados. Según su diagnóstico, existe un patrón de retrasos, bloqueos o resistencias a facilitar documentación, lo que convierte la opacidad en una práctica política recurrente.
Con ese inventario de reproches sobre la mesa, UPN y PP justificaron su rechazo a la reforma aprobada. La primera quiso subrayar que Chivite ha rebajado las exigencias de la ley justo en algunos de los puntos que más ha incumplido. El segundo defendió que ninguna reforma puede presentarse como avance mientras el Gobierno siga sin cumplir las resoluciones del órgano garante ni dote de medios al sistema de control. Dos discursos distintos, pero una misma conclusión: la transparencia en Navarra sigue siendo, para la oposición, una promesa mucho más visible en el papel que en la práctica.
