Desde Navarra Suman denuncian "presiones inadmisibles para imponer el euskera".
Navarra Suma ha exigido a Barkos la “paralización inmediata del plan de euskaldunización de la Policía Foral impulsado por la consejera Beaumont y dirigido a imponer plazas en este cuerpo con conocimiento obligatorio de euskera”.
La coalición ha criticado en una nota que “estas medidas, duramente rechazadas por las organizaciones sindicales mayoritarias, han sido emprendidas una vez finalizada la legislatura y fueron aprobadas mediante orden foral por la consejera el 23 de mayo, penúltimo día hábil antes de las elecciones en las que resultó derrotado en las urnas el gobierno cuatripartito”.
Así, han recordado que “una vez celebradas las elecciones, y tras la derrota electoral, el gobierno en funciones pisó el acelerador al remitir el día 5 de junio una circular en las que obligaba a los agentes a responder en el plazo de cinco días su disponibilidad para convertir su plaza en euskera sin atenerse a otros criterios como las funciones del puesto de trabajo o la zona geográfica en la que se realiza”.
“Ante la falta de respuesta por parte de los agentes, los cargos del Gobierno en funciones procedieron a dar una vuelta de tuerca otorgando un nuevo plazo pero esta vez cursando una instrucción a los jefes de las unidades para que remitiesen informe firmado donde se relacionarán las personas que no han cumplimentado el formulario y la razón de ello”, han explicado.
Navarra Suma ha señalado que la orden foral referida se apoya en el Decreto foral del euskera, “cuya derogación se ha comprometido a llevar a cabo nuestra coalición debido a la inaceptable extensión e imposición del euskera en toda la Comunidad foral”.
Además, ha anunciado que van a solicitar una sesión de trabajo en el Parlamento de Navarra para que las fuerzas sindicales mayoritarias de la Policía Foral comparezcan y expliquen cómo les afecta esta problemática.
Para Navarra Suma, “estos hechos delatan los coletazos de un gobierno que, por encima de todo, pretende imponer unas políticas nacionalistas que han sido rechazadas por la mayoría de los ciudadanos y que ahora, de forma tramposa y amenazante, la consejera Beaumont quiere mantener”.
“Se trata de presiones inadmisibles para imponer el euskera por parte de un gobierno en funciones que ha sido desautorizado por los ciudadanos”, han concluido.
