UPN y el Gobierno de Navarra han protagonizado un duro enfrentamiento en el pleno de control del Parlamento foral a cuenta del retraso en la licitación de la segunda fase del Canal de Navarra, una infraestructura clave para la Ribera que sigue sin avanzar en los plazos anunciados.
La pregunta oral la ha formulado el parlamentario de UPN Miguel Bujanda, que ha cargado con dureza contra el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, al que ha acusado de mentir tanto en sede parlamentaria como ante los medios de comunicación. “Es para ver qué mentira nos cuenta hoy. Ha mentido en esta cámara, ha mentido en prensa y supongo que hoy seguirá mintiendo”, ha afirmado.
Bujanda ha denunciado que el Ejecutivo lleva “dos legislaturas gobernando” y que, a su juicio, lo único que ha hecho en este tiempo ha sido “retrasar la llegada del Canal de Navarra a la Ribera”. En su intervención, ha sostenido que las distintas fechas anunciadas hasta ahora no se han cumplido y ha responsabilizado al Gobierno foral de la falta de avances reales.
Frente a esas acusaciones, Óscar Chivite ha respondido recordando que, en su opinión, el origen del retraso no está en la actual legislatura, sino en una decisión adoptada hace años. “El principal retraso se remonta a 2012, el año en el que ustedes decidieron posponer la segunda fase”, ha replicado el consejero, que ha añadido que “desde hace 14 años Navarra tiene una deuda con la Ribera”.
El consejero ha defendido además la actuación del Ejecutivo y ha asegurado que el Gobierno está trabajando para que el Ministerio saque adelante la licitación. “Estamos haciendo todo lo posible para que el ministerio licite las obras”, ha señalado durante su respuesta en la Cámara.
En su segundo turno, Bujanda ha elevado todavía más el tono y ha acusado al Gobierno de ofrecer “humo, mentiras, bulos y evasivas” en torno a este proyecto. Según ha dicho, el anuncio realizado no puede considerarse un avance real porque, a su juicio, siguen faltando trámites esenciales y todavía no se ha aclarado cómo se financiará la actuación.
El parlamentario regionalista también ha puesto el foco en la financiación y en los pasos administrativos pendientes. Ha asegurado que se han aplazado 77 millones sin explicar de qué forma se sostendrá el proyecto y ha cuestionado la viabilidad parlamentaria de la operación. En ese contexto, ha criticado que el convenio siga pendiente de distintos organismos y que todavía no esté en vigor.
Además, Bujanda ha acusado al Ejecutivo de ir modificando los plazos conforme se acercan las citas electorales. “La última fecha que dieron fue la primavera de 2026; y no está”, ha reprochado, insistiendo en que el retraso actual vuelve a demostrar, en su opinión, que el Gobierno no puede licitar todavía la obra.