La Delegación del Gobierno en Navarra que diriege Alicia Echevarria, se interesó por la marcha del expediente de los túneles de Belate. Así lo ha reconocido el funcionario de la delegación Ignacio Irujo, que ha comparecido en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que estudia las adjudicaciones del Gobierno foral a Servinabar, propiedad al 45% del socialista Santos Cerdán, según un informe de la UCO.
El responsable ha certificado que nunca la delegada le pisió información al respecto, pero que personas de su equipo sí le pidieron información sobre la marcha del procedimiento.
Por otro lado, Irujo no ha aclarado por qué se registraron voladuras antes de contar con la autorización definitiva. Durante su intervención, ha explicado que su labor se ha limitado a validar el proyecto presentado por la empresa adjudicataria y a autorizar el uso de explosivos, su compra y almacenaje, así como el proyecto específico de voladuras. Ha insistido en que su función no influye en la elección de la adjudicataria y ha recalcado que los trámites se han realizado en un plazo “razonable”, siempre después de considerar completo el expediente.
El técnico ha recordado que es el autor del informe de la Delegación del Gobierno sobre la duplicación de los túneles y ha repetido que solo ha avalado las actuaciones cuando el expediente estaba cerrado. Según ha subrayado, su responsabilidad se centra en la seguridad de las voladuras y en el control de los explosivos, no en la parte contractual de la obra ni en las decisiones políticas.
A preguntas del parlamentario de UPN Pedro González, que ha señalado que el Gobierno foral registró voladuras en Belate antes de la firma del permiso definitivo —que ha llegado diez meses después de la solicitud de la UTE responsable de la obra—, Irujo ha mantenido que “hasta que no lo aprobamos no pueden dinamitar nada”. Sin embargo, no ha ofrecido una explicación concreta sobre las detonaciones que constan con anterioridad a esa autorización.
El funcionario ha atribuido esos trabajos previos a posibles “microvoladuras” para estudiar las vibraciones del terreno, una práctica que ha calificado de habitual en obras subterráneas. No obstante, ha recalcado que no le consta ninguna actuación irregular y ha reiterado que, desde su punto de vista técnico, el procedimiento ha respetado los cauces establecidos.
Irujo también ha defendido el permiso concedido para instalar un polvorín destinado a almacenar los explosivos autorizados. Ha explicado que contar con ese espacio ha permitido realizar voladuras las 24 horas del día y los siete días de la semana, lo que ha agilizado los plazos de la obra. Ha precisado, además, que el expediente del polvorín es independiente del del túnel y que su construcción, más costosa al ser soterrada, corría a cargo de la empresa constructora.
Preguntado por si recibió presiones políticas para acelerar la tramitación, el responsable técnico ha asegurado que la delegada del Gobierno “no citó nunca que corriera prisa”. Sí ha admitido, sin embargo, que alguna persona de su equipo le ha consultado puntualmente por el estado del procedimiento, lo que ha mostrado el interés de la Delegación por el avance de los trabajos en los túneles de Belate.
