El juez instructor, Leopoldo Puente, ha enviado a prisión a Santos Cerdán, auténtico líder de María Chivite y del PSOE en Navarra durante los últimos años, y hasta su dimisión, mano derecha de Pedro Sánchez. El ahora preso socialista es el muñidor de todos los pactos con EH Bildu en la Comunidad foral con el único objetivo de controlar el poder en Navarra y, según se ha podido ya conocer, lucrarse en base a una trama corrupta con el silencio cómplice de todos sus socios de Gobierno.
Cerdán había sido citado a declarar como investigado tras el informe de la UCO de la Guardia Civil, que lo situaba como uno de los epicentros de la red de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública. En la misma causa están también imputados José Luis Ábalos, su antecesor como secretario de Organización del PSOE, y Koldo García, asesor de Ábalos.
La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares que dirige el PP habían solicitado al Tribunal Supremo (TS) el ingreso en prisión provisional del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán por su presunta implicación en esta trama.
Por esta misma causa, también presentó su dimisión hace unas semanas Ramón Alzórriz, lugarteniente de María Chivite, tras confesar que su pareja había sido enchufada en la empresa Servinabar, propiedad de Santos Cerdán y adjudicataria de varias obras públicas, entre ellas la polémica de los túneles de Belate.
Cerdán ha negado ante el juez haber participado en repartos de mordidas o en presuntas adjudicaciones irregulares y ha atribuido la apertura de esta causa judicial a una persecución política por haber negociado la investidura de Pedro Sánchez con el PNV y EH Bildu.
Durante su declaración en el Tribunal Supremo, tras la que la Fiscalía y las acusaciones han pedido su ingreso en prisión incondicional, Cerdán ha dicho que el siguiente en ser perseguido será el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por haber sido quien negoció con Junts, según informan a EFE fuentes jurídicas.
A preguntas de su abogado, Cerdán ha explicado que él no intervino en adjudicaciones públicas y ha atribuido la apertura de esta investigación judicial a lo que considera una persecución política por conseguir un Gobierno progresista y ha hablado de "fango".
Uno de los principales indicios de esta causa que investiga el juez del Supremo Leopoldo Puente son las conversaciones que durante cuatro años grabó Koldo García, exasesor de Ábalos, en las que aparecen hablando de dinero.
Al respecto, según las fuentes, Cerdán se ha limitado a anunciar que solicitará una prueba pericial de esas grabaciones.
Los investigadores apuntan a que la trama se gestó en Navarra en 2015, con Cerdán y Koldo como impulsores, y que creció conforme ambos y Ábalos fueron ascendiendo en responsabilidades políticas a nivel nacional.
Según la Guardia Civil, el papel de Cerdán evolucionó dentro de la organización: primero fue protagonista, luego quedó relegado como gestor de pagos tras el ascenso de Ábalos y Koldo, y finalmente volvió a tener protagonismo tras su caída. La UCO estima que solo con la empresa Acciona se habrían embolsado hasta 620.000 euros en comisiones ilegales.
Uno de los focos del interrogatorio se centrará en el hallazgo de un contrato privado de 2016 en el que se refleja que Cerdán compró el 45% de la empresa Servinabar por 6.000 euros. Esta sociedad, que ha recibido más de 75 millones de euros en adjudicaciones públicas en Navarra, es considerada clave en la presunta trama. La defensa de Cerdán ha intentado restar validez al documento, alegando que no se elevó a público.
No obstante, el Consejo General del Notariado ha aclarado que los contratos privados surten efectos legales entre los firmantes, aunque no frente a terceros, y ha advertido de que este tipo de operaciones pueden responder a estrategias de ocultación de titularidades reales. Esta situación ha reforzado las sospechas sobre la implicación directa de Santos Cerdán en las supuestas prácticas corruptas.
El juez ha adelantado que valorará medidas cautelares tras la declaración de Cerdán, similares a las impuestas a otros investigados como Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, a quienes ya se les ha prohibido salir del país, se les ha retirado el pasaporte y se les exige comparecer periódicamente en sede judicial. La instrucción sigue avanzando y apunta directamente al núcleo de poder del PSOE en Navarra.
