El 112 de Navarra puede movilizar ahora a una patrulla de la Guardia Civil o de la Policía Nacional si es la que está más cerca de una emergencia. Ese criterio, pensado para reducir los tiempos de respuesta, ha abierto un nuevo enfrentamiento entre los partidos que sostienen políticamente al Gobierno de María Chivite.
Geroa Bai y EH Bildu han cuestionado este martes en el Parlamento el sistema acordado entre el Gobierno de Navarra y el Ministerio del Interior. Ambas formaciones consideran que el nuevo modelo reduce el papel de referencia de la Policía Foral, mientras el PSN sostiene justamente lo contrario: que el cuerpo autonómico sale reforzado.
El modelo establece que las incidencias policiales puedan ser atendidas por el cuerpo disponible que se encuentre más próximo al lugar de los hechos, un planteamiento que Geroa Bai ya había rechazado tras conocerse el acuerdo de la Junta de Seguridad.
La discusión se ha producido durante la comparecencia de la consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Inma Jurío, que ha explicado los acuerdos alcanzados en la Junta de Seguridad de Navarra celebrada el pasado 30 de julio. Y las diferencias entre los propios apoyos de Chivite han quedado especialmente claras.
La portavoz de Geroa Bai, Blanca Regúlez, ha asegurado que el nuevo sistema supone una "cesión de competencias de facto" porque, a juicio de su formación, Policía Foral deja de actuar como policía de referencia en las emergencias.
Regúlez ha calificado el cambio de "sustancial" y ha criticado que no haya existido previamente un debate político sobre el modelo. También ha acusado al PSN de haberse "plegado a las presiones" del Ministerio del Interior.
La coalición considera que el acuerdo pretende compensar a Guardia Civil y Policía Nacional después de la transferencia a Navarra de las competencias de Tráfico. Geroa Bai ha llegado a definir el cambio como un hecho "gravísimo contra el autogobierno".
La posición no es nueva. Tras conocerse los acuerdos de julio, la formación ya sostuvo públicamente que permitir que las incidencias fueran atendidas por el cuerpo disponible más próximo suponía apartar a Policía Foral de su condición de referencia.
Más lejos ha ido el parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz, que ha calificado el nuevo modelo como un "retroceso de 20 años" y ha acusado al Ejecutivo foral de haber cedido ante el "chantaje" del Ministerio del Interior.
Araiz ha defendido además que el crecimiento de Policía Foral debería producirse al mismo tiempo que una reducción de las plantillas de Guardia Civil y Policía Nacional en Navarra. Según ha argumentado, mantener los efectivos generaría duplicidades y sobrecostes.
EH Bildu interpreta el acuerdo como una negociación con varias piezas. Navarra consigue elevar el número máximo de policías forales y desarrollar la denominada pasarela para agentes de Tráfico de la Guardia Civil, pero acepta al mismo tiempo un sistema conjunto de gestión de las emergencias.
Ese sistema es precisamente el que permite que una patrulla de Guardia Civil o Policía Nacional pueda recibir un aviso cuando, por su ubicación y disponibilidad, sea la más próxima al incidente.
Las críticas de Geroa Bai y EH Bildu han encontrado una respuesta directa por parte del PSN. El socialista Ramón Alzórriz ha afirmado que "ha empezado la campaña electoral" y ha enmarcado buena parte del debate en la cercanía de las próximas elecciones.
"Nunca ha estado la Policía Foral tan bien como está ahora", ha defendido Alzórriz.
Uno de sus principales argumentos ha sido el aumento del techo de efectivos acordado en la Junta de Seguridad. El límite pasa de 1.200 a 1.600 policías forales, con 150 agentes destinados a Tráfico y otros 250 a Seguridad Pública.
También UPN ha introducido matices en el debate. Javier Esparza ha considerado "discutible" hablar de cesión de competencias y ha valorado como una "buena noticia" el aumento hasta 1.600 agentes, aunque ha coincidido con Geroa Bai en criticar la falta de un debate previo.
El presidente del PPN, Javier García, ha situado la discusión en otro terreno: el tiempo que tarda una patrulla en acudir cuando un ciudadano necesita ayuda.
"Yo quiero que llegue la atención. Cuantos más efectivos, mejor", ha señalado García, que ha defendido que el criterio fundamental debe ser garantizar la atención al ciudadano con independencia del uniforme del agente que llegue primero.
Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, también ha advertido de que se están mezclando "muchos debates" distintos. Su formación ha situado como prioridad comprobar que el sistema consigue realmente reducir los tiempos de respuesta.
Garrido ha expresado, eso sí, dudas sobre el funcionamiento práctico de la geolocalización y ha pedido analizar si las emergencias se asignan realmente conforme a la posición de las patrullas y si los agentes llegan dentro de los tiempos previstos.
Inma Jurío ha defendido que la plataforma única constituye la forma "más eficiente y ágil" de gestionar las emergencias policiales en Navarra.
El sistema está plenamente operativo desde el 14 de agosto. El 112 recibe también las llamadas realizadas a los teléfonos 091 de Policía Nacional y 062 de Guardia Civil y puede asignar posteriormente cada incidencia según la localización y disponibilidad de las patrullas.
La consejera ha querido aclarar uno de los puntos que más controversia ha generado. La puesta en marcha del modelo, ha dicho, "no implica para nada" que haya policías nacionales o guardias civiles trabajando dentro de la sala de SOS Navarra o de la sala de Policía Foral.
Jurío ha defendido además que el 112 ya gestionaba anteriormente emergencias policiales y ha recordado que se trata del teléfono general de emergencias tanto en Navarra como en España y en el ámbito europeo. La centralización de llamadas del 091 y el 062 había provocado previamente el rechazo de representantes de la plantilla de SOS Navarra por el posible incremento de carga de trabajo.
Entre el 14 de agosto y el 13 de septiembre, el 112 ha recibido 63.079 llamadas, de acuerdo con los datos expuestos por Jurío. Son 4.640 más que en el periodo anterior, lo que supone un incremento aproximado del 8%.
Durante los primeros días del nuevo sistema se reforzó el número de operadores presentes en la sala. Tras analizar ese aumento de llamadas, la consejera ha anunciado además instrucciones para incorporar de forma estable a dos operadores más.
Jurío ha negado que el sistema vaya a quedar comprometido por falta de personal y ha defendido que desde su entrada en funcionamiento no se ha producido una merma en la calidad del servicio.
También ha rechazado que los acuerdos hayan supuesto una pérdida de autogobierno. A su juicio, ocurre precisamente lo contrario porque permiten ampliar Policía Foral y preparar al cuerpo para asumir nuevas funciones.
El cambio en el 112 forma parte de un acuerdo mucho más amplio. La Junta de Seguridad ha elevado el techo de Policía Foral de 1.200 a 1.600 efectivos, uno de los principales argumentos esgrimidos por el Ejecutivo para defender el pacto alcanzado con el Ministerio del Interior.
De esos nuevos efectivos, 150 estarán vinculados a Tráfico y otros 250 a Seguridad Pública.
El Gobierno pretende con ese crecimiento culminar la asunción exclusiva de las competencias de Tráfico en marzo de 2028 y disponer de una Policía Foral con capacidad para incorporar otras competencias en el futuro.
Jurío también ha rechazado que la Junta de Seguridad se convocara "a espaldas" de los socios del Ejecutivo. Ha asegurado que las formaciones conocían que se estaba trabajando tanto en el aumento de efectivos como en la pasarela y en la plataforma única.
Una explicación que, al menos este martes, no ha convencido a Geroa Bai ni a EH Bildu. El debate ha terminado girando así alrededor de una cuestión muy concreta: si ante una emergencia debe pesar más qué cuerpo policial tiene atribuida una función o qué patrulla puede llegar antes al lugar donde se necesita ayuda.
