El Parlamento de Navarra ha vivido este jueves un duro cruce entre UPN y la presidenta María Chivite a cuenta de la investigación del caso Cerdán. Los regionalistas han acusado a la jefa del Ejecutivo de liderar un Gobierno “hijo de la corrupción”, mientras ella ha replicado que su gabinete es “limpio y honesto”.
El parlamentario de UPN Juan Luis Sánchez de Muniáin ha afirmado que la adjudicación de las obras de Belate está "contaminada por irregularidades que la deslegitiman por completo, en la que la presidenta, en lugar de detener y obligar a revisar el proceso, como haría una presidenta responsable, permitió que se consumase, y esa es su responsabilidad". "Permitió que se consumase una adjudicación que ya conocía que estaba repleta de irregularidades, precisamente por los propios funcionarios que estaban presentes en ese proceso, a una empresa creada para la ocasión, por un empresario socio y amigo de su también amigo Santos Cerdán", ha criticado.
Por su parte, la parlamentaria de UPN Marta Álvarez ha considerado que el Gobierno foral debería haber tomado el camino de entregar toda la documentación de que dispusiera a la UCO de la Guardia Civil para que investigara las adjudicaciones, en lugar de limitarse a encargar informes a la Cámara de Comptos, la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra y empresas externas.
"No se trata solamente de ilegalidades. Se trata de sospechas de cohecho, de tráfico de influencias, de malversación y de pertenencia a organización criminal que recaen sobre empresas a las que su Gobierno ha adjudicado contratos y sobre personas del Partido Socialista con enorme capacidad de influencia. Por eso los medios ordinarios de control no son válidos", ha indicado la parlamentaria regionalista.
Por su parte, Chivite ha acusado a UPN de basar su estrategia en “mentir” y ha recordado que el Tribunal Supremo no investiga adjudicaciones del Gobierno foral.
La presidenta ha respondido que “la UCO solo actúa a petición de un juez” y ha negado indicios de delito. Sobre sus reuniones con Antxon Alonso, administrador de Servinabar e imputado en la investigación, ha asegurado que trataron sobre “el Archivo, la ciudad circular y Mina Muga”.
La parlamentaria de UPN Cristina López ha afirmado que esas reuniones ponen a Chivite “en un aprieto” y le ha reprochado no aclarar quién le presentó al empresario: “¿Fue Santos Cerdán, Ramón Alzórriz o los dos?”, ha planteado.
