• sábado, 20 de abril de 2024
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UPN exige que el Gobierno de Navarra asuma el descuento íntegro del precio de las villavesas

Aducen que los Ayuntamientos no han tenido ingresos fiscales por el alza de precios y la inflación, y el Gobierno de Navarra, sí.

Concentración convocada por el comité de empresa de TCC para denunciar la última agresión a una conductora de villavesas.
Viajeros en una villavesa del Transporte Urbano Comarcal. ARCHIVO

UPN exige que sea el Gobierno de Navarra quien asuma en su totalidad el coste del 20% de descuento en el transporte comarcal y no de manera compartida con los Ayuntamientos como se pretende.

En opinión de la formación regionalista “es injusto que los Ayuntamientos tengan que sufragar parte del coste dado que no han obtenido ningún ingreso fiscal derivado del alza de precios y la inflación, a diferencia del Gobierno de Navarra que sí ha incrementado sus ingresos como consecuencia del incremento general de precios. Por el contrario, los Ayuntamientos han debido asumir elevados sobrecostes de los precios energéticos y de suministros necesarios para seguir prestando los servicios públicos a los ciudadanos”.

Por ello, UPN considera “inaceptable que el Gobierno de Chivite imponga un gasto extraordinario a los Ayuntamientos en lugar de asumirlo íntegramente como sí van a hacer otras comunidades que también se han acogido a esta medida”.

Como es sabido, a consecuencia de la aprobación por parte del Estado del Real Decreto Ley 20/2022, cabe la posibilidad de acogerse a una bonificación según la cual el Estado costea el 30% del precio de los abonos de transporte. Para acogerse a tal bonificación, es necesario que los gobiernos autónomos o los ayuntamientos financien a su vez un descuento suplementario del 20 % de tal forma que el usuario del bono de transporte perciba un total del 50% de descuento.

Con tal finalidad, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y el Gobierno de Navarra han propuesto modificar el Plan de Transporte para financiar el citado 20% de descuento, una cantidad estimada en casi dos millones de euros (1.993.149 euros) y que esa cantidad adicional sea sufragada en parte por los Ayuntamientos.


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