El grupo parlamentario Vox ha pedido a la Mesa del Parlamento de Navarra que "reconsidere su decisión, adoptada en la sesión celebrada el 30 de septiembre, y notificada al grupo con fecha 3 de octubre, de no estimar procedente" tramitar una moción de Vox sobre inmigración ilegal.
Según han explicado desde Vox en una nota de prensa, el motivo que se indica en el acuerdo para no tramitar la moción -que su contenido "atenta contra la dignidad de las personas y podría constituir un presunto delito de odio"-, no "tiene sustento" pues "está presuponiendo un ilícito penal sobre lo que constituye un posicionamiento y una iniciativa política, que, además, no resulta en modo alguno novedosa, pues es uno de los posicionamientos fundamentales del partido político Vox desde su creación".
Cabe recordar que dicha moción fue llevada ante la Fiscalía por parte del PSN, cuyo portavoz en el Parlamento, Ramón Alzórriz, registró la pasada semana una denuncia al considerar que podría ser constitutiva de un delito de odio, atendiendo al artículo 510 del Código Penal.
Desde Vox han criticado que "las fuerzas políticas que dominan la Mesa y la Junta de Portavoces prefieren vulnerar los derechos de los parlamentarios, y por ende de todos los ciudadanos a los que representa el grupo parlamentario Vox en Navarra, mediante la falsa y falaz imputación de un delito de odio".
"Lo que debe ser denunciado es la evidencia de la falta de aplicación de los criterios democráticos en la propia Junta de Portavoces impidiendo la actividad política esencial de los parlamentarios", han añadido.
Vox Navarra considera que "la arbitrariedad de esta decisión queda expuesta con la comparación de actuación en otros Parlamentos", teniendo en cuenta que "la misma iniciativa ha sido presentada en todos los Parlamentos autonómicos de España, siendo el de Navarra el único en el que ha sido rechazada". Y ello, ha dicho, "sin que ningún tribunal ha declarado que la iniciativa pudiera constituir ningún delito ni lesión a derecho fundamental alguno".
El grupo parlamentario navarro ha afirmado que "la afectación de la actividad parlamentaria que se deriva de la decisión es de tal entidad que, al no tener ningún fundamento la razón por la que se inadmite, la decisión vulnera el artículo 23 de la Constitución española", ya que supone "una limitación insoportable del ejercicio a la participación política de los parlamentarios solicitantes y, por extensión, de los ciudadanos a quienes representan".
