SOCIEDAD
Un acuerdo unánime despeja el camino para que Navarra asuma por fin su tramo pendiente de una autopista
Se prevé que en próximas fechas el acuerdo sea ratificado por la Junta de Transferencias Navarra-Estado.
La representación navarra de la Junta de Transferencias ha avalado hoy por unanimidad el traspaso del tramo navarro de la AP-68 a la Comunidad Foral. El acuerdo, que afecta a la titularidad y a los servicios asociados, se ha respaldado sin discrepancias por parte de los grupos políticos navarros.
Además, está previsto que la Junta de Transferencias Navarra-Estado ratifique este acuerdo en fechas próximas. El vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna, ha agradecido la disposición de las formaciones navarras y la diligencia mostrada por el Gobierno central.
El proceso contempla la creación de una Comisión Técnica con representantes del Estado y de Navarra. Este órgano permitirá articular la cooperación, intercambiar información y resolver posibles dudas de ejecución o interpretación del acuerdo alcanzado.
La transferencia será efectiva cuando entre en vigor el Real Decreto que dé de baja estos tramos de la autopista en la Red de Carreteras del Estado. Navarra asumirá entonces la gestión de la infraestructura y los servicios vinculados.
A la reunión han asistido Taberna, Ana Ollo, Óscar Chivite, Joseba Asiain e Idoya Tajadura por parte del Ejecutivo. En representación de los grupos políticos han participado Cristina Ibarrola, Ainhoa Unzu, Adolfo Araiz, Pablo Azcona, Begoña Alfaro, Javier García y Emilio Jiménez.
El tramo que Navarra recibirá suma 39,5 kilómetros de la AP-68, actualmente la única vía en territorio navarro que no es de titularidad foral. Se divide en un primer segmento de 4,2 kilómetros, entre los puntos kilométricos 162+563 y 166+851, y un segundo de 35,3 kilómetros, entre los p.k. 201+622 y 236+988.
La autopista continúa en explotación bajo concesión administrativa de AVASA, que seguirá en vigor hasta noviembre de 2026. Hasta ese momento, la Administración del Estado mantendrá todas las obligaciones y derechos económicos derivados del contrato.