Luz verde en las Cortes para atajar un problema social que mantiene en vilo a miles de ciudadanos en la Comunidad foral. La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados ha aprobado de forma oficial una Proposición no de Ley presentada por Unión del Pueblo Navarro (UPN). La iniciativa exige al Gobierno de España la adopción de medidas urgentes y extraordinarias para solucionar la grave falta de examinadores de tráfico en Navarra y descongestionar las saturadas listas de espera para la obtención del permiso de conducir.
Durante la defensa de la iniciativa parlamentaria, el diputado por Navarra de UPN, Alberto Catalán, ha denunciado el "colapso sin precedentes" que arrastra este servicio público tanto en el territorio foral como en otras provincias del país. El representante regionalista ha acusado de forma directa al Ministerio del Interior de mantener una actitud de inacción ante un escenario que ha calificado de "auténtico desastre, atropello y escándalo", criticando la falta de respuesta para dotar a la jefatura de los efectivos que reclama el sector.
Para ilustrar la magnitud del problema, el diputado ha puesto sobre la mesa los últimos y preocupantes datos facilitados por la Asociación de Autoescuelas de Navarra (APANA). Según este balance sectorial, alrededor de 10.000 personas se encuentran actualmente en lista de espera en la Comunidad foral para poder obtener el carné de conducir. El grueso del tapón administrativo se concentra en 6.000 alumnos que, a pesar de tener el examen teórico ya aprobado, permanecen atascados a la espera de poder realizar la prueba práctica de circulación.
A esta cifra se suman otros 900 conductores que aguardan turno para examinarse de las pruebas de pista específicas para motocicletas, remolques y vehículos pesados, además de 2.800 personas que esperan fecha simplemente para poder presentarse al examen teórico inicial. Esta parálisis administrativa está obligando a muchos navarros a desplazarse fuera de la comunidad para poder examinarse en plazos razonables, provocando que los ciudadanos tarden meses y meses en conseguir el permiso y perjudicando seriamente sus oportunidades de empleo.
La iniciativa legislativa aprobada insta formalmente al Gobierno de España a reforzar la plantilla de examinadores en Navarra para garantizar un número de funcionarios en activo acorde a las necesidades reales del tejido social. Asimismo, el texto fija un mandato estricto al Ministerio del Interior y a la Dirección General de Tráfico (DGT) para que elaboren y presenten, en el plazo máximo de un mes, un plan de choque con medidas concretas y previsiones de contratación, sustituciones y ampliaciones de personal.
Alberto Catalán ha recordado que esta problemática viene de lejos, señalando que ya en el año 2018 el Parlamento de Navarra aprobó por unanimidad una resolución en esta materia, una situación que a su juicio ha empeorado hasta límites insospechados por la falta de planificación estatal. El diputado foral ha calificado de parches ineficaces las medidas adoptadas hasta la fecha y ha concluido exigiendo que se aclare públicamente cómo se piensa revertir el deterioro del servicio.
Esta reclamación coincide con la reciente moción aprobada en el Parlamento de Navarra donde se insta al Ejecutivo foral a iniciar los trámites oportunos para asumir la competencia exclusiva en la gestión del carné de conducir.
