La Asociación de Consumidores Irache confía en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea enmiende la situación, como hizo con el suelo hipotecario.
La Asociación de Consumidores de Navarra Irache lamenta el nuevo cambio de criterio del Tribunal Supremo sobre el impuesto de las hipotecas, que finalmente ha hecho recaer sobre los clientes. En cualquier caso, confía en que Europa enmiende la situación, como ya hizo con los suelos hipotecarios.
Irache muestra su indignación ante la decisión adoptada este pasado martes por el pleno del Tribunal Supremo. En ella, ha dado marcha atrás y ha invalidado sus últimas sentencias dictadas en octubre y que habían determinado que quien debe pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados derivados de las hipotecas eran los bancos y no los clientes.
Por su parte, el Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado cambios para que los bancos sean quienes finalmente paguen este impuesto en las hipotecas.
El fallo se ha dado a conocer tras dos días de deliberación del pleno. A falta de que se faciliten los argumentos del Supremo, Irache ha puesto el foco en que el tribunal ha mantenido diferentes opiniones y la decisión ha estado "muy lejos de ser unánime".
Independientemente de ello, Irache ha animado a los consumidores a reclamar los gastos hipotecarios, más allá de que finalmente se puedan incluir en ellos el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados o no. Además, recuerdan, que se puede reclamar la devolución de otros costes como notaría, registro o gestoría.
DIFERENCIAS DE CRITERIOS SOBRE QUÉ DEBE PAGAR EL CLIENTE
La asociación recuerda que hasta hace tres años, la práctica totalidad de las entidades financieras incluían en sus préstamos hipotecarios cláusulas que hacían recaer todos los gastos de constitución sobre el cliente. Estos gastos se refieren, por ejemplo, a los costes de elevar el préstamo a documento público en el notario, inscribirlo en el registro de la propiedad o la labor de la gestoría encargada de los trámites y también el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.
En diciembre de 2015, el Tribunal Supremo declaró abusiva la cláusula que hacía recaer todos los gastos de constitución de la hipoteca sobre el consumidor. Desde entonces, prácticamente todos los juzgados siguen esta línea, aunque difieren en qué gastos son los que debe devolver la entidad al cliente.
El criterio más habitual, según explica Irache, ha sido hacer devolver al banco los gastos de notaría, gestoría y registro. Sin embargo, en el cargo del impuesto no había unanimidad, no estaba claro si correspondía pagarlo al cliente o al banco.
Este importe supone el principal pago de los gastos hipotecarios, si bien en Navarra el coste es menor que en la mayor parte de España, que en muchos casos puede suponer entre 1.000 y 2.000 euros.
La Asociación Irache ya ha atendido a más de 3.000 personas que se han interesado por el tema. En muchos de los casos se ha efectuado una reclamación al banco en la que se reclama la anulación de la cláusula y la devolución de los gastos hipotecarios. De momento, cientos de asociados ya están llevando el tema por vía judicial.
A través de su comunicado, Irache ha querido denunciar la "confusión que está generando en los consumidores la disparidad de criterios por parte de los jueces, incluidas las más altas instancias, unos cambios de dirección que están poniendo en cuestión la seguridad jurídica a la que también deberían tener derecho los consumidores y no solo las empresas o la banca".
CCOO: "LA ACTUACIÓN DEL SUPREMO ES MEJORABLE"
Por su parte, el secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, ha considerado que la actuación del Tribunal Supremo en relación al impuesto de las hipotecas es "manifiestamente mejorable" y ha afirmado que "si quería abocar a pleno una decisión de estas características", lo tenía que haber hecho "desde el principio".
Bravo, en una rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles en Pamplona junto al secretario general de CCOO de Navarra, Chechu Rodríguez, ha lamentado que el Tribunal Supremo "ha trasladado una sensación de que se toma una decisión en una sala y se corrige inmediatamente después en el ámbito del pleno" y ha opinado que "la política de gestos es manifiestamente mejorable".
En cualquier caso, el dirigente sindical ha afirmado que "lo que necesitamos es seguridad jurídica para los usuarios" y ha destacado que "el legislador tiene en su mano actuar más allá de la interpretación que se hace del reglamento y de cómo lo desarrolló la ley anterior".
"La ley hipotecaria lleva parada dos años en tramitación. El legislador tiene en su mano determinar de una manera meridianamente clara a quien corresponde pagar el impuesto", ha expuesto Bravo, para añadir que "lo que no tiene sentido es dar mensajes equívocos a la sociedad y que se transmita erróneamente esa posición de vulnerabilidad a las presiones, que no sé si se han producido o no". "La sensación no es la más edificante", ha apuntado.
