El sindicato ha recordado que solo con la acreditación expedida por la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra, dependiente de la Dirección General de Interior, se pueden ejercer legalmente este tipo de funciones. Sin embargo, algunos consistorios estarían asignando estas labores a empleados municipales que no han sido contratados ni preparados para ello.
Según CCOO, esta práctica vulnera derechos en tres direcciones: desvaloriza la figura del agente de policía reconocido por la ley, expone a los trabajadores a responsabilidades para las que no están cualificados y menosprecia el derecho de la ciudadanía a contar con profesionales formados en seguridad pública.
El sindicato ha instado al Departamento de Interior a que supervise a los ayuntamientos que incurran en estas irregularidades y sancione, en su caso, a los responsables municipales.
Además, CCOO ha reclamado a las instituciones públicas que den ejemplo y no precaricen a sus plantillas. A su juicio, quienes desempeñan funciones de seguridad deben tener la certeza de disponer de las garantías legales y competencias necesarias para ejercer este oficio con responsabilidad.
