El Gobierno de Navarra, a través de la sociedad pública Nasuvinsa, ha iniciado el trámite para la adjudicación de 62 viviendas de alquiler social y 42 viviendas de protección oficial (VPO) y 34 viviendas de precio tasado (VPT) en régimen de compra, tras el último proceso de adjudicación de vivienda protegida celebrado en septiembre.
En el caso de las tres promociones en alquiler, vienen a sumarse a la oferta de vivienda en alquiler subvencionado de la que dispone Gobierno de Navarra.
La Dirección General de Vivienda gestiona actualmente más de 10.000 viviendas en arrendamiento que cuentan con algún tipo de ayudas, informa el Gobierno de Navarra en un comunicado.
Así, una vez elaborada la lista de personas adjudicatarias iniciales, se abre un plazo hasta el 6 de octubre para que todas aquellas personas que participan en el proceso puedan presentar alegaciones.
En esta ocasión se han ofrecido 62 viviendas en régimen de alquiler y 76 para compra. Las 62 viviendas de alquiler se dividen en tres promociones, dos de ellas con 12 viviendas cada una en Cadreita y Cabanillas y una tercera de 38 viviendas en Corella.
Esta última promoción dispone de una vivienda para familias numerosas, 2 para víctimas de violencia de género, 1 para víctimas de terrorismo, 2 para personas con discapacidad y 3 para personas inmersas en procesos de integración social, entre otras.
Por otro lado, se manejan 4 promociones distintas en régimen de compra, dos de ellas para vivienda de protección oficial y otras dos para viviendas tasadas.
Las dos primeras constan de 44 viviendas, 8 en Pamplona y 34 en Zizur Mayor (Ardoi). Las de VPT se sitúan también en Ardoi con una oferta de 26 viviendas y en Pamplona (8 viviendas).
Cada tres meses se ofrecen a través de la web para su adjudicación las diferentes viviendas protegidas disponibles de promotores públicos (Nasuvinsa) o privados, para que las personas inscritas en el censo y que cumplan los requisitos necesarios puedan presentar su solicitud.
Tras este proceso, se elaboran las listas provisionales de personas adjudicatarias, que quedan pendientes de que, tras la resolución de alegaciones, se elaboren las listas definitivas.
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