El Gobierno de Navarra ha ratificado este miércoles su rechazo al proyecto de la promotora Forestalia de desplegar de cuatro líneas de alta tensión, de 400 kilovoltios cada una, para evacuar energía procedente de Aragón y trasladarla hasta el País Vasco, atravesando el territorio de la Comunidad Foral.
Así lo ha comunicado en la posterior rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo, Amparo López, quien ha explicado que el Ejecutivo navarro ha acordado interponer un requerimiento previo a la vía contencioso-administrativa ante el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITERD).
El requerimiento se presenta por haber formulado declaración de impacto ambiental positiva y haber otorgado autorizaciones administrativas previas de varias instalaciones de producción de energía eléctrica e infraestructuras de evacuación asociadas al proyecto sin haber tenido en cuenta los informes emitidos por la Dirección General de Medio Ambiente del Ejecutivo foral.
Esos informes eran desfavorables por considerarlo incompatible con los valores ambientales, paisajísticos, sociales y culturales de su territorio.
Las discrepancias se fundamentan en cuestiones de forma y de fondo, según detalla el Ejecutivo que indica que las cuestiones de forma hacen referencia al procedimiento, al considerar que la fragmentación del mismo llevada a cabo por la Administración General del Estado ha impedido a la dirección general de Medio Ambiente una adecuada comprensión y valoración global de la magnitud real y definitiva del proyecto y su repercusión medioambiental.
En segundo lugar, se fundamentan cuestiones de fondo, ya que los proyectos analizados tendrán previsibles consecuencias adversas significativas sobre el medio ambiente, en concreto sobre especies catalogadas, objetivos de conservación de espacios protegidos Red Natura 2000 y sobre conectividad y coherencia ecológica de esta misma red.
La dirección general de Medio Ambiente ya emitió un primer informe desfavorable a dicho proyecto en el año 2021 y tras recibir las alegaciones de la empresa, se remitió un segundo informe igualmente desfavorable en 2022.
El requerimiento ahora interpuesto es un paso previo a la vía contencioso-administrativa y, en cualquier caso, el Gobierno de Navarra manifiesta su total predisposición para colaborar y cooperar con la Administración General del Estado a fin de que se adopten las medidas requeridas sin necesidad de llegar a la vía judicial.
