La Comisión de Educación del Parlamento de Navarra ha rechazado este miércoles, con los votos en contra de Navarra Suma y PSN y los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu y Podemos, una moción para instar al Gobierno de Navarra a "respetar las decisiones y promover la autonomía de los centros educativos, facilitando el proceso de salida del PAI a los que así lo requieran y estén avalados por su comunidad educativa".
La moción desestimada incluía un segundo punto en el que, a su vez, se emplazaba al Ejecutivo foral a "modificar la Orden Foral 147/2016 para favorecer la voluntad de los centros, de manera que no quepa ningún tipo de interpretación restrictiva que obligue a los que deseen salir del PAI a mantenerse en el programa durante ocho cursos más, hasta su extinción".
Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se exhortaba al Gobierno de Navarra a "elaborar, en el plazo de seis meses, un estudio en torno a la implantación del PAI en los centros públicos y su incidencia en la atención a la diversidad, especialmente en el caso del alumnado de origen migrante y el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Para su elaboración contará con la participación de los centros educativos con PAI, asociaciones de madres y padres y el Consejo Escolar".
En la exposición de motivos, la moción impulsada por EH Bildu planteaba "la modificación de la Orden Foral 147/2016, de 30 de diciembre, para facilitar la salida del PAI de aquellos centros educativos que, cumpliendo con los requisitos, así lo requieran".
En ese sentido, exigía un calendario de extinción del programa, que a su entender "dilata y perturba el ejercicio de la educación", cuando el hecho de "impartir las materias en inglés deriva en la adquisición de menos competencias", y solicitaba "respeto a la decisión de la mayoría de la comunidad educativa".
A ese respeto, se aludía al proceso de salida experimentado por el CPEIP Dos de Mayo de Castejón, cuya decisión de abandonar el PAI, "basada en criterios exclusivamente educativos y pedagógicos", ha llegado "con un curso de retraso y sujeta al mantenimiento del programa durante ocho cursos más, hasta su completa extinción".
A decir de la proponente, se trata de una situación "obligada, no deseada por la comunidad educativa, que entorpece el ejercicio docente" de un centro con un "43% de alumnado con necesidades especiales, un porcentaje muy alto de estudiantes de origen inmigrante y un elevado número de matrículas de incorporación tardía".
