Una veintena de personas que representan a distintas instancias de Gobierno de Navarra, entidades sociales, Federación navarra de municipios y concejos, junto con expertos en la materia, y personas con discapacidad, han iniciado el proceso de elaboración de la Ley Foral de derechos de las personas con discapacidad.
"Esta Ley Foral es una reivindicación que el colectivo de personas con discapacidad viene reclamando históricamente y un compromiso contemplado en el acuerdo de gobierno para esta legislatura", ha señalado el Gobierno foral, que ha recordado que, recientemente, el Parlamento de Navarra también aprobó una resolución al respecto, tras la presentación de un estudio impulsado por la UPNA, CERMIN y el propio Parlamento foral.
A lo largo de siete sesiones el grupo de trabajo pondrá encima de la mesa ideas y propuestas que se volcarán en un primer borrador. En paralelo, durante los meses de diciembre y enero, está previsto el período de exposición pública de la propuesta, al conjunto de la ciudadanía, para seguir enriqueciéndola. Más adelante se someterá a un "amplio proceso de participación", similar el realizado con la Ley de infancia y familia, "de manera que llegue al Parlamento una propuesta extensa, completa y con amplio consenso", ha declarado en un comunicado la consejera de Derechos Sociales, Mª Carmen Maeztu.
Esta Ley Foral quiere ser "un marco que actualice y recoja el régimen jurídico relacionado con los derechos de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de competencia de la Comunidad Foral de Navarra, desarrollando las previsiones y enfoque social de la discapacidad contemplado en la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad de 2006". Entre estos ámbitos sectoriales se encuentran los relacionados con salud, educación, trabajo y empleo y cultural.
La nueva norma servirá para "reforzar los derechos de las personas con discapacidad y establecer los mecanismos para garantizar que puedan ejercerlos en igualdad de condiciones, entre ellos el derecho a una vida independiente y a desarrollar un proyecto vital propio, el que decidan, con los apoyos necesarios". "Nuestro gran reto es la desinstitucionalización de las personas con discapacidad. Las plazas en vivienda comunitaria ya suponen el 23% de las autorizadas en Navarra, pero son, a todas luces, insuficientes", ha señalado la consejera.
Otro de los grandes objetivos perseguidos con esta ley es "facilitar los cambios que implica el reconocimiento de la plena capacidad jurídica de las personas con discapacidad, y el fin de las tutelas e incapacitaciones, potenciando los apoyos y la potestad de decidir sobre cuestiones que les afectan".
El grupo de trabajo constituido para dar impulso a la ley es "plural e interdisciplinar". Cuenta con una amplia representación del Departamento de Derechos Sociales, a través de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas y su Secretaría General Técnica, así como del Servicio Navarro de Empleo y de los Departamentos de Educación, Salud, Cultura, Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, de la Fundación Pública Navarra de Provisión de Apoyos a Personas con Discapacidad, el INAI, el Consejo Navarro de Discapacidad, la Federación Navarra de Municipios y Concejos, junto con personas expertas en Derecho Civil designadas a través del Consejo Navarro de Derecho Civil.
