El diagnóstico de un cáncer no solo golpea la salud; en multitud de ocasiones dinamita la estabilidad económica de quien lo padece. Con más de 2,3 millones de personas conviviendo con la enfermedad en España y situándose desde 2023 como la principal causa de mortalidad en el país, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y más de 50 entidades sociosanitarias y oncológicas han lanzado un contundente manifiesto ante las elecciones generales del 29 de noviembre para situar esta patología como una auténtica prioridad de Estado.
Entre la batería de demandas destaca una reforma laboral y de protección social de calado: la creación de una situación especial de incapacidad temporal para pacientes oncológicos adaptada a la duración real de los tratamientos y que cubra de manera efectiva tanto a trabajadores por cuenta ajena como a autónomos, personas en paro y profesionales sin los periodos ordinarios de cotización.
La urgencia de esta medida queda reflejada en los datos del propio manifiesto: el 37% de los nuevos diagnósticos se producen en personas en edad de trabajar. De ellas, casi la mitad (el 45%) manifiesta severas limitaciones para continuar desempeñando sus tareas cotidianas y hasta un 21% de quienes deben modificar su situación laboral termina sufriendo un despido o viéndose forzado al abandono de su actividad.
Por este motivo, las entidades firmantes exigen blindar el retorno progresivo al puesto tras superar la enfermedad y consolidar la supervivencia como una etapa asistencial propia, con planes individualizados que atiendan secuelas médicas, psicológicas y laborales en un colectivo de supervivientes que supera ya los 2,3 millones de ciudadanos.
En el terreno de la salud pública, el documento recuerda que cuatro de cada diez casos de cáncer son prevenibles y que un 14% de los fallecimientos prematuros se evitarían actuando sobre los factores de riesgo directos, especialmente en la infancia y adolescencia.
Para ello, instan al futuro Gobierno a equiparar legal y fiscalmente todos los derivados del tabaco, implantar el empaquetado neutro, ampliar los espacios públicos libres de humos y prohibir expresamente los cigarrillos electrónicos desechables, reduciendo de manera drástica las dosis máximas permitidas de nicotina en el mercado.
La iniciativa persigue alcanzar el reto de rebasar el 70% de supervivencia global para el año 2030. Un objetivo que, recalcan las asociaciones médicas y científicas, resulta inviable sin un Plan Nacional con financiación plurianual estable que blinde los equipos investigadores y ponga fin a la brecha territorial.
En este sentido, los colectivos alertan sobre el sobreesfuerzo que soportan los pacientes fuera de las grandes capitales: el 50,18% de las familias se ve obligada a desplazarse a otra ciudad para recibir tratamiento, teniendo que costear de su propio bolsillo total o parcialmente los traslados en casi la mitad de los casos.
