El Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en la Policía Nacional en Navarra, ha acusado al alcalde Joseba Asirón de “mirar para otro lado” ante el crecimiento de los asentamientos ilegales en Pamplona. El SUP, mayoritario en la Policía Nacional en Navarra, ha denunciado la creciente inseguridad en Pamplona tras la reciente detención de cuatro personas de origen magrebí acusadas de agredir sexualmente a una joven cerca de la carpa universitaria. Según el SUP, tres de los detenidos tenían órdenes de expulsión y residían en uno de los asentamientos ilegales existentes en la capital navarra.
El sindicato advierte de que en Pamplona viven más de un centenar de inmigrantes irregulares en zonas sin control, con problemas de insalubridad, acumulación de basura y frecuentes intervenciones policiales. “En estos lugares se producen robos con violencia, apuñalamientos y agresiones de todo tipo”, señalan los agentes, que alertan de una situación “cada vez más insostenible”.
Por su parte, el concejal de Acción Social del Ayuntamiento ha reconocido que la situación “se escapa a Pamplona”, mientras la Ordenanza Municipal prohíbe expresamente los asentamientos ilegales, considerándolos una falta grave. Desde el SUP denuncian que el Ayuntamiento está mirando hacia otro lado, lo que puede provocar que tanto los asentamientos como los delitos sigan aumentando si no se actúa con urgencia.
Vecinos de los barrios próximos han manifestado sentirse inseguros y con miedo. Algunos aseguran que los residentes de estos asentamientos acceden a terrenos privados y han protagonizado robos y altercados. “Hay vecinos aterrorizados; muchos temen por sus hijos cada vez que salen a la calle”, ha transmitido uno de ellos a los agentes.
El SUP subraya además la difícil situación que viven los policías nacionales en Pamplona, con un volumen de trabajo triplicado en los últimos meses y sin refuerzos ni más medios materiales. “Los agentes intervienen en condiciones de riesgo y bajo una creciente presión”, advierte el sindicato, que considera que esta sobrecarga “pone en peligro tanto la seguridad de los policías como la de los ciudadanos”.
Por todo ello, el Sindicato Unificado de Policía de Navarra exige una actuación inmediata del Ayuntamiento y del Gobierno de Navarra para poner fin a lo que califican como “una omisión sin precedentes”. Según alertan, si no se aborda el problema, “irá creciendo de forma incontrolada y los ciudadanos acabarán pagando las consecuencias”.
