El Gobierno de Navarra y algunos de sus socios "han puesto en riesgo los puestos de trabajo del profesorado de Religión tras años de recortes y reducción de horas lectivas en la enseñanza pública". Es la denuncia pública que ha hecho este lunes la asociación FamiLiaE, que también ha advertido de que la situación actual puede derivar en despidos y en la supresión de contratos de docentes con décadas de trayectoria.
El profesorado de Religión en Navarra ha arrastrado durante años una situación de "precarización laboral", marcada por la disminución progresiva de horas y un clima de inseguridad constante. Según ha denunciado FamiLiaE, las decisiones que se están planteando ahora agravan ese escenario y "afectan directamente a trabajadores" que han desarrollado su labor en la educación pública con profesionalidad y compromiso.
Desde la asociación han subrayado que "detrás de cada puesto de trabajo hay una persona y una familia" que depende de ese salario. En este sentido, han criticado que se legisle o se adopten decisiones educativas utilizando a los trabajadores como “moneda de cambio” ideológica, una práctica que, a su juicio, pone en riesgo tanto la estabilidad laboral como la calidad del sistema educativo.
FamiLiaE también ha defendido el papel de la asignatura de Religión, que consideran que enriquece el currículo educativo con una formación moral, cultural y espiritual. Además, han recordado que se trata de una materia optativa, lo que garantiza la libertad de elección de las familias sobre la educación de sus hijos.
La organización ha advertido de que el cuestionamiento del profesorado de Religión no es un fenómeno nuevo, sino el resultado de "recortes silenciosos y críticas públicas constantes" acumuladas en los últimos años. Culminar ese proceso con despidos directos supondría, según han señalado, "una injusticia laboral y un desprecio a la pluralidad educativa".
Por último, FamiLiaE ha exigido "responsabilidad, rigor jurídico y respeto humano" en cualquier reforma que afecte al profesorado de Religión. A su juicio, la justicia social y la libertad educativa no pueden construirse destruyendo puestos de trabajo ni penalizando a quienes cumplen con su labor en la escuela pública.
