Nueve años después, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra ha certificado el archivo definitivo del denominado 'caso Egüés' por las supuestas irregularidades cometidas por cargos públicos del consistorio durante la época anterior de UPN.
El Ayuntamiento del valle de Egüés en manos de Geroa Bai (hasta 2019) recurrió el auto inicial del Juzgado del Primera Instancia e Instrucción de Aoiz, que archivó de manera provisional la causa y que había fallado que no se constataban indicios delictivos tras las múltiples testificales llevadas a cabo, así como tras el estudio de todas las pruebas documentales aportadas.
Sobre este asunto ya se pronunció también en su momento el Tribunal de Cuentas, que concluyó que no se habían producido irregularidades contables en el consistorio del valle de Egüés. De hecho, la juez de primera instancia reseñó que la acusación no concretó hechos contables concretos con trascendencia penal.
La Audiencia de Navarra, que condena a costas al consistorio por el recurso interpuesto por el anterior alcalde de Geroa Bai, señala que no existen responsabilidades penales y que en todo caso se podrían haber estudiado responsabilidades administrativas, en lugar de utilizar los instrumentos jurídicos del derecho penal al tratarse de un asunto que se circunscribe al ámbito de la gestión de una entidad pública, como es un Ayuntamiento,
"No podemos obviar como la jurisdicción contenciosa cuenta con sus propios mecanismos de control para corregir aquellas resoluciones que no sean conformes con el ordenamiento jurídico, lo cual no implica necesariamente que se esté incurriendo en un delito", señala el auto de la Audiencia de Navarra ahora.
El juzgado de Aoiz aseguró que "la propia acusación reconoce que las más de 50 irregularidades detectadas por la comisión de investigación fueron la base para el informe de la Cámara de Comptos, y resulta que sometidos tales hechos a la superior instancia que representa el Tribunal de Cuentas, dicho tribunal no corrobora irregularidades contables".
En el caso llegaron a estar encausados los regionalistas Josetxo Andía, exalcalde del Valle de Egüés, las exconcejalas Estefanía Clavero y Carolina Potau y los exediles Alberto Idoate e Íñigo Solchaga.
UPN señaló tras conocerse el archivo provisional que todo fue una "cacería política" contra el partido regionalista "liderada por Geroa Bai y secundada por EH Bildu, Izquierda-Ezkerra y PSN con el único objetivo de conseguir el poder en el Ayuntamiento del valle a toda costa".
En la actualidad, el que fuera alcalde de Geroa Bai, Alfonso Etxeberría, se enfrenta a 4 años de prisión según la petición de la Fiscalía de Navarra por acceder a datos de un ordenador de una de las concejales de UPN sin autorización.
La Fiscalía considera que Etxeberría ha cometido un delito de descubrimiento y revelación de secretos siendo además funcionario público, por lo que le pide 4 años de cárcel, además de 8 años de inhabilitación para cargo público. Mientras, a su amigo Federico Albero Ros, que le ayudó para acceder al ordenador, la Fiscalía rebaja la pena a 2 años y 6 meses de prisión por el mismo delito. El asunto se encuentra todavía a la espera de que se señalice la fecha del juicio oral.
