La Fiscalía de Navarra ha solicitado penas de hasta 21 meses de prisión para cuatro hombres acusados de perseguir y hostigar a otro hombre en las inmediaciones del cementerio de Pamplona, en un ataque que el Ministerio Público considera motivado por un rechazo hacia la comunidad homosexual.
Los cuatro acusados, sin antecedentes penales previos, serán juzgados próximamente en la capital navarra. La Fiscalía ha aplicado en su escrito la agravante de discriminación por orientación sexual, recogida en el artículo 22.4 del Código Penal.
Los hechos ocurrieron, según el relato fiscal, durante la madrugada del 9 de noviembre de 2024. Los encausados se desplazaron en un vehículo hasta una zona arbolada y apartada que, según sostiene la acusación, sabían que era frecuentada por el colectivo LGTBIQ+ para mantener encuentros.
Una vez allí, localizaron a la víctima y comenzaron a increparla desde el interior del coche. El escrito recoge que le lanzaron insultos peyorativos y gritos de carácter homófobo "con la intención de humillarla, intimidarla y amedrentarla".
La situación se agravó cuando esta persona intentó marcharse en su propio automóvil. En ese momento, según la Fiscalía, los acusados iniciaron una persecución por la carretera del cementerio de Pamplona y se aproximaron de manera intimidatoria al vehículo de la víctima mientras continuaban con las burlas y el acoso.
El hombre consiguió finalmente zafarse de los acusados, pero el episodio ha tenido consecuencias personales importantes. Los informes periciales incorporados al procedimiento señalan que el perjudicado presenta una sintomatología ansiosa reactiva y conductas de evitación que han afectado negativamente a su ámbito sexual y personal.
La Fiscalía considera que estos hechos pueden constituir un delito contra la integridad moral, al entender que se produjo un ataque contra la dignidad de la víctima. Para esta calificación, solicita una pena de 15 meses de prisión para los cuatro acusados.
De forma alternativa, el Ministerio Público plantea que los hechos sean considerados un delito de amenazas no condicionales. En ese caso, la petición de condena se eleva hasta los 21 meses de prisión.
Además de las penas de cárcel, la acusación solicita para los procesados la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena. Esta medida supone la imposibilidad de ser elegidos en procesos electorales mientras dure la pena impuesta.
La Fiscalía también ha pedido que los cuatro acusados no puedan acercarse a menos de 200 metros de la víctima ni comunicarse con ella por ningún medio durante un periodo de tres años.
El Ministerio Público reclama, además, una indemnización conjunta y solidaria de 3.000 euros para el perjudicado en concepto de responsabilidad civil por daños morales. La acusación vincula esta cantidad a la afectación sufrida por la víctima en su dignidad y autoestima.
De cara a la vista oral, que se celebrará esta semana en Pamplona, la Fiscalía ha solicitado la activación de medidas de protección para preservar la intimidad del afectado. Entre esas medidas figura que la víctima pueda declarar sin confrontación visual con los acusados, mediante el uso de biombos o por videoconferencia. La acusación también ha pedido que las sesiones puedan celebrarse a puerta cerrada.
