El Gobierno de Navarra ha denegado el traslado de una funcionaria víctima de violencia sexual a una Administración de otra comunidad autónoma y señala que esta denegación se debe a que no es posible realizarse debido a que la ley no recoge esta intermovilidad a otra Administración.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Pamplona ha avalado esta decisión al no existir cobertura legal, según fuentes del departamento de Interior y Función Pública.
El Gobierno de Navarra tiene la voluntad de acoger esta petición y de hecho desde la dirección general de Función Pública se ha impulsado y se está trabajando en su inclusión en el texto del nuevo Estatuto de Personal.
Esta situación "refuerza el diagnóstico del departamento de cara a la modificación del marco legal en el que trabajamos, en el que se ve necesario que se habilite la movilidad entre administraciones de las empleadas públicas víctimas de violencia de género".
