La Fiscalía de Navarra solicita penas que suman 18 años de prisión para un policía al que acusa de una agresión sexual a su pareja, maltrato habitual psíquico y descubrimiento de secretos como funcionario público. El juicio se celebra esta semana en Pamplona.
La relación sentimental comenzó en septiembre de 2023 y ambos se instalaron en marzo de 2024 en una vivienda de alquiler. Según sostiene el Ministerio Fiscal, el acusado, guardia civil de profesión, habría ejercido desde el inicio un fuerte control sobre su pareja aprovechándose de su situación de vulnerabilidad.
Entre las conductas que le atribuye la acusación figura haber pedido a la víctima que utilizara en su teléfono móvil el mismo código de acceso que él para poder consultar su contenido. También habría colocado un AirTag (dispositivo de seguimiento) en su vehículo y la habría convencido para que dejara de relacionarse con sus amigas y familiares.
La Fiscalía sostiene además que el acusado utilizó su condición profesional para consultar en cinco ocasiones la base de datos policial utilizando los datos de su pareja. Posteriormente, según el escrito, le comunicó que había realizado esas búsquedas, lo que habría provocado que la mujer se sintiera atemorizada por el control que ejercía sobre ella. Tres de esos accesos se habrían producido en entre abril y noviembre de 2024 y otros dos a finales de 2023.
El escrito también señala que el acusado estaba pendiente del tiempo que transcurría entre las relaciones sexuales de la pareja y que la víctima se sentía presionada para mantenerlas. La Fiscalía asegura que ella rechazaba especialmente la brusquedad con la que él actuaba.
La agresión sexual que sostiene la Fiscalía se habría producido después de que la pareja asistiera a una boda. Al regresar al hotel en el que se alojaban, ambos comenzaron a mantener relaciones sexuales consentidas, pero, siempre según el relato de la acusación, el hombre habría comenzado a actuar de forma agresiva.
La víctima le habría pedido hasta en tres ocasiones que parara, pero el acusado habría ignorado esas peticiones. El Ministerio Fiscal afirma que la mujer sufrió moraduras en el hombro, el pecho y las piernas.
La mujer tiene reconocido un grado de discapacidad del 52%. La Fiscalía la considera especialmente vulnerable al maltrato por sus circunstancias médicas, psicológicas y sociales y describe la relación como "totalmente asimétrica", con comportamientos de celos, control y episodios de violencia física en el contexto de las relaciones sexuales.
Como consecuencia de los hechos denunciados, la acusación señala que la víctima presenta sintomatología de carácter postraumático, considerada daño psíquico, por la que está recibiendo tratamiento.
La Fiscalía califica los hechos como un delito de agresión sexual con penetración, un delito de maltrato habitual psíquico agravado por haberse producido en el domicilio familiar y un delito de descubrimiento de secretos por parte de funcionario público. El escrito no aprecia circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
Por la agresión sexual, el Ministerio Fiscal reclama 11 años de prisión. También solicita una prohibición de aproximarse a menos de 200 metros de la víctima durante 16 años, así como la prohibición de comunicarse con ella durante el mismo periodo. Reclama además 10 años de libertad vigilada y una inhabilitación durante 16 años para profesiones, oficios o actividades que impliquen contacto regular y directo con menores de edad.
Por el delito de maltrato habitual, la Fiscalía solicita otros tres años de prisión, cinco años de privación del derecho a la tenencia y porte de armas y prohibiciones de aproximación y comunicación con la víctima durante cinco años. También reclama la inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Finalmente, por el delito de descubrimiento de secretos cometido por funcionario público, solicita cuatro años de prisión. Esta petición incluye además una multa de 24 meses con una cuota diaria de 15 euros, inhabilitación especial para el sufragio pasivo durante la condena e inhabilitación absoluta durante diez años.
En total, las tres penas de prisión reclamadas por la Fiscalía suman 18 años de cárcel.
