El Servicio Navarro de Salud ha presentado una demanda contra los fabricantes sancionados por pactar precios y obstaculizar durante años el suministro directo a la sanidad pública.
El cártel de los pañales ha llevado al Servicio Navarro de Salud (SNS) a los tribunales para reclamar los daños sufridos por la sanidad pública navarra. El Gobierno foral cifra en 25 millones de euros el sobrecoste provocado por las prácticas de los fabricantes sancionados.
El SNS ha presentado una demanda de juicio ordinario por los perjuicios derivados del acuerdo entre fabricantes de absorbentes para la incontinencia de orina, conocidos como pañales para adultos. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sancionó este cártel en 2016.
El Gobierno de Navarra ha señalado que las empresas implicadas estuvieron fijando los precios durante 17 años, lo que obligó a las administraciones públicas a adquirir estos productos a un precio superior al que habría existido en condiciones normales de competencia.
Con esta demanda, el Ejecutivo foral pretende recuperar las cantidades pagadas de más a las compañías implicadas. El objetivo es que ese dinero vuelva al sistema público de salud de Navarra y pueda destinarse a la atención sanitaria.
La reclamación de Navarra se incorpora a las actuaciones que ya están promoviendo otras administraciones sanitarias afectadas por el cártel de los pañales. Cataluña ya ha acudido a los tribunales, mientras que Extremadura, Aragón y Galicia están preparando sus propias reclamaciones frente a los fabricantes sancionados.
El Gobierno foral ha defendido que estas acciones persiguen que sean las empresas infractoras y no las arcas públicas quienes asuman el coste generado por unas prácticas anticompetitivas que ya han sido declaradas firmes.
El SNS-O está representado en este procedimiento por Eskariam, un despacho especializado en derecho de la competencia. La firma ha preparado la estrategia jurídica de la demanda, ha coordinado el informe pericial económico y continuará dirigiendo la defensa durante el procedimiento.
El origen del litigio se encuentra en una resolución de la CNMC del 26 de mayo de 2016, que determinó la existencia de una infracción única y continuada de las normas de competencia entre diciembre de 1996 y enero de 2014.
La propia resolución identificó expresamente a Navarra como una de las comunidades afectadas por estas prácticas. El cártel se prolongó así durante más de 17 años, según ha recogido ahora el Gobierno foral al justificar su reclamación.
La demanda sostiene que las empresas desarrollaron dos conductas que encarecieron el suministro de pañales al Servicio Navarro de Salud. Por un lado, habrían pactado el precio de venta de laboratorio y los márgenes de distribución a través de las farmacias.
Por otro, el cártel de los pañales habría desarrollado una estrategia destinada a impedir o retrasar el suministro directo mediante el llamado canal institucional. Esa situación habría privado a la sanidad navarra de los ahorros que podía obtener mediante compras directas por esta vía.
Para calcular el perjuicio, el SNS-O ha encargado un informe pericial independiente a una consultora especializada. El estudio ha estimado que el sobrecoste soportado por la sanidad navarra asciende a 25 millones de euros.
El Gobierno de Navarra ha enmarcado la demanda en su intención de proteger los recursos públicos sanitarios y ejercer judicialmente el derecho de las administraciones a ser resarcidas cuando han resultado perjudicadas por conductas contrarias a la competencia.
El Servicio Navarro de Salud ha indicado que cualquier cantidad que finalmente consiga recuperar mediante este procedimiento revertirá en el sistema sanitario navarro y en la atención a los pacientes de la Comunidad foral.
