Los partidos que sostienen al Gobierno de María Chivite han protagonizado una llamativa iniciativa política: quieren suspender la actividad del Parlamento de Navarra para facilitar una huelga general que denuncia, entre otros problemas, la crisis de acceso a la vivienda que el propio Ejecutivo foral no ha conseguido resolver tras más de siete años en el poder. La petición llega, además, en plena precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre y mientras destacados dirigentes del PSOE defienden que la movilización sindical no va dirigida contra los gobiernos, sino contra la oposición.
PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han registrado un escrito para solicitar que el Parlamento de Navarra suspenda su actividad el próximo 11 de noviembre, fecha de la huelga general convocada por diferentes organizaciones sindicales. Unos sindicatos que han estado desaparecidos de las calles durante los últimos años de gobierno socialistas y que ahora, cuando todas las encuestas apuntan a un cambio de Gobierno, están tratando de movilizar a sus bases protestando contra las políticas de vivienda. Se trata de un contrasentido, dado que Pedro Sánchez en Madrid y María Chivite en Navarra, son los responsables de esas políticas.
La iniciativa de parar el Parlamento será estudiada este lunes 26 de octubre por la Mesa y Junta de Portavoces de la Cámara foral. Los cuatro grupos suman mayoría parlamentaria y constituyen el bloque político que permite a Chivite mantenerse al frente del Gobierno.
La petición encierra una evidente contradicción política. Los mismos partidos que tienen capacidad para impulsar y aprobar las políticas de vivienda en Navarra quieren paralizar la actividad parlamentaria con motivo de una protesta que reclama soluciones a esa crisis. No se trata de un problema ajeno a sus responsabilidades: Navarra dispone de amplias competencias en vivienda y su Gobierno lleva desde agosto de 2019 bajo la presidencia de María Chivite.
La coincidencia adquiere todavía más relevancia porque los propios convocantes de la huelga han señalado expresamente al Ejecutivo navarro. El sindicato ELA, uno de los promotores de la movilización, ha reclamado un "cambio radical" en las políticas de vivienda desarrolladas por los gobiernos de Navarra, del País Vasco y de España. También ha criticado que las instituciones no estén utilizando todas sus competencias para garantizar el acceso a una vivienda digna.
Por tanto, la huelga no puede interpretarse únicamente como una protesta contra decisiones adoptadas en Madrid o contra las posiciones de los partidos de la oposición. Los sindicatos también están cuestionando las políticas aplicadas por las administraciones que gobiernan los mismos partidos que ahora quieren suspender la actividad parlamentaria. Esa circunstancia sitúa a PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin ante una contradicción difícil de obviar, a la que se suma EH Bildu como socio externo del Ejecutivo foral.
La situación resulta especialmente significativa por las declaraciones realizadas desde la dirección nacional del PSOE. La dirigente socialista María Jesús Montero aseguró el pasado 6 de octubre que se estaba produciendo una circunstancia inédita: una huelga general que, a su juicio, no se dirige contra el Gobierno, sino contra los partidos de la oposición.
"Habitualmente, las huelgas generales se convocan contra los gobiernos. En este caso, se convoca contra la oposición", sostuvo Montero, que vinculó la movilización al rechazo en el Congreso de varios decretos del Gobierno de Pedro Sánchez relacionados con la vivienda. Su interpretación fue respaldada posteriormente por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, quien afirmó que hacía suyas las palabras de la dirigente socialista.
El argumento supone un cambio de enfoque respecto a la tradicional función de las huelgas generales como instrumento de presión frente a las políticas de los poderes públicos y la patronal y ponen de manifiesto el seguidismo de los sindicatos en España. El PSOE pretende situar el centro de las críticas en quienes han rechazado determinadas iniciativas legislativas, mientras evita asumir que la persistencia de los problemas de vivienda también interpela a los gobiernos socialistas.
Sin embargo, esa interpretación no coincide plenamente con las reivindicaciones sindicales. ELA, junto con otras organizaciones convocantes en Navarra y el País Vasco, ha dirigido expresamente sus exigencias al Gobierno foral. Por su parte, UGT y CCOO han reclamado actuaciones de las administraciones para solucionar la crisis habitacional, mejorar los salarios y garantizar unas condiciones de vida dignas.
De hecho, los responsables de UGT y CCOO en Navarra registraron el 20 de octubre la convocatoria ante el Departamento de Trabajo del Gobierno foral y trasladaron sus reivindicaciones al Ejecutivo de Chivite. La huelga incluye cuestiones como el precio de la vivienda, la pérdida de poder adquisitivo, la negociación colectiva y los derechos laborales. No es, por tanto, una movilización dirigida exclusivamente contra un partido político, sino contra el corazón de las supuestas políticas progresistas de Chivite y Sánchez.
A esta contradicción se suma el momento elegido para la huelga general. El paro tendrá lugar el miércoles 11 de noviembre, apenas dos días antes del inicio de la campaña electoral de las elecciones generales del 29 de noviembre. La cercanía de ambas fechas ha provocado un debate sobre su dimensión política y electoral, especialmente después de que dirigentes socialistas hayan presentado la convocatoria como una movilización contra la oposición.
La patronal CEOE también ha cuestionado abiertamente la convocatoria. Su presidente, Antonio Garamendi, ha denunciado que presenta un componente "político y electoral". Los sindicatos, por su parte, defienden que existen motivos laborales y sociales suficientes para convocar el paro y recuerdan que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas económicos de los trabajadores.
En Navarra, la iniciativa parlamentaria añade otra circunstancia llamativa. Los cuatro grupos que solicitan suspender la actividad de la Cámara son precisamente los que sostienen la mayoría política sobre la que descansa el Gobierno foral. El PSN preside el Ejecutivo, Geroa Bai y Contigo-Zurekin forman parte de la coalición gubernamental y EH Bildu actúa como su principal socio parlamentario.
Los socialistas navarros tampoco pueden desvincularse de la gestión de los últimos años. Chivite llegó a la presidencia en agosto de 2019 y permanece en el cargo desde entonces, por lo que ha tenido más de siete años para desarrollar sus políticas de vivienda. Durante ese periodo, el Ejecutivo ha aprobado diferentes medidas y programas públicos, pero la persistencia de las dificultades de acceso a una vivienda asequible sigue motivando protestas sindicales.
La petición también plantea un contraste entre las consecuencias que tendrá la huelga para los trabajadores y para los representantes políticos. Los asalariados que secunden el paro dejarán de percibir la retribución correspondiente a esa jornada. Sin embargo, los parlamentarios navarros que cobran un sueldo fijo no sufrirán automáticamente ese descuento por la suspensión de la actividad parlamentaria, debido a que su relación con la Cámara no es la de un trabajador por cuenta ajena.
Esta diferencia no implica que los parlamentarios estén secundando formalmente la huelga. De momento, lo que han solicitado los cuatro grupos es que se suspenda la agenda parlamentaria del 11 de noviembre, una decisión que todavía debe adoptar el órgano competente de la Cámara.
La iniciativa deja varias preguntas políticas pendientes. ¿Considera el PSN de Navarra que la huelga también cuestiona la gestión de vivienda de Chivite? ¿Comparte la interpretación de Montero de que la movilización va dirigida contra la oposición? ¿Qué responsabilidades reconocen los cuatro grupos firmantes en la persistencia de la crisis habitacional?
La Mesa y Junta de Portavoces abordará este lunes una solicitud que va más allá de una modificación puntual del calendario parlamentario. Los partidos que sostienen al Gobierno de Navarra quieren suspender la actividad de la Cámara con motivo de una huelga que exige soluciones a un problema sobre el que tienen responsabilidades directas. La cuestión política de fondo es cómo concilian su apoyo a esta movilización con la exigencia de cambios en las políticas de vivienda que ellos mismos tienen capacidad para desarrollar.
