La Sección Primera de la Audiencia de Navarra ha condenado a 7 años y 6 meses de prisión a un hombre de nacionalidad francesa que fue detenido cuando transportaba 30 kilos de cocaína ocultos en su vehículo. La Guardia Civil lo interceptó en la carretera N-121-A, cuando circulaba en dirección a Pamplona.
El cargamento estaba formado por 30 paquetes de cocaína escondidos en dobles fondos del automóvil. La droga tenía una pureza del 85% y su valor en el mercado ilegal podía alcanzar los 3.329.878,47 euros, según recoge la sentencia judicial.
Los hechos ocurrieron sobre las 6 de la mañana del 30 de enero de 2026. Agentes del GAR de la Guardia Civil sorprendieron al conductor cuando circulaba por el kilómetro 66,400 de la N-121-A, en sentido Pamplona.
Durante la inspección del vehículo, los agentes descubrieron los compartimentos ocultos en los que se encontraban los paquetes de droga. En total, la cocaína intervenida pesaba 30.004,11 gramos, una cantidad que superaba ligeramente los 30 kilos.
Además del cargamento, los guardias civiles se incautaron de dos teléfonos móviles de la marca iPhone. Según consta en la resolución judicial, el acusado utilizaba estos dispositivos para facilitar el tráfico de estupefacientes.
La Audiencia de Navarra ha considerado que los hechos probados constituyen un delito de tráfico de drogas de sustancias que causan grave daño a la salud.
La condena se ha dictado después de que la Fiscalía y la defensa alcanzaran un acuerdo durante la vista oral celebrada el 6 de octubre. Inicialmente, el Ministerio Fiscal había solicitado una pena de 9 años de prisión, que finalmente ha quedado fijada en siete años y medio.
El condenado permanece en prisión provisional desde el 30 de enero de 2026, fecha en la que fue detenido con la cocaína en el vehículo. La sentencia también ha establecido que será expulsado de España cuando haya cumplido 4 años efectivos de prisión, acceda al tercer grado penitenciario o se le conceda la libertad condicional.
Una vez que se haga efectiva su expulsión, el hombre tendrá prohibida la entrada en España durante 10 años. La resolución judicial advierte de que, si regresa al territorio nacional, deberá cumplir el resto de la pena de prisión que tenga pendiente.