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TRIBUNALES

Los trabajadores de la Administración de Justicia de Navarra se sienten "discriminados" por Chivite

Aseguran que el Gobierno de Navarra "no tiene nada encima de la mesa" a pesar de su "buena disposición para hacer cosas".

Vista del Palacio de Justicia en Pamplona. PABLO LASAOSA
Vista del Palacio de Justicia en Pamplona. PABLO LASAOSA

Los trabajadores de la Administración de Justicia en Navarra se sienten “discriminados” y consideran que el Departamento “no tiene nada encima de la mesa”, a pesar de que “tiene una buena disposición para poder hacer cosas”.

Lo ha asegurado este miércoles Juan José Senosiain, representante de la Comisión de Personal del servicio, que ha intervenido en el Parlamento para denunciar la “falta de consideración y recursos destinados” a la Administración de Justicia.

“Hoy teníamos convocada una segunda huelga de jornada completa porque no nos han dejado otro remedio”, ha lamentado. En ese sentido, ha prometido que son "los primeros preocupados por el servicio público, pero las movilizaciones van a continuar porque no hay nada encima de la mesa más allá de la buena voluntad”.

“Cuando hablamos del Servicio de Justicia en Navarra, hablamos de un servicio esencial, a pesar de que socialmente no se considere así”, ha subrayado, destacando que su función es “la garantía de los derechos de los ciudadanos”.

A lo largo de su intervención, Senosiain ha remarcado la necesidad de mejoras económicas para igualar las retribuciones de los funcionarios de justicia de Navarra con las de otras comunidades.

“Navarra es la comunidad autónoma que destina menos dinero a la justicia”, ha afirmado, añadiendo que “en los últimos años se han gastado 4 millones de euros en Justicia, sin que este presupuesto se destine al personal”.

El delegado ha puntualizado que la Comunidad Foral “ha quedado rezagada respecto a otras comunidades, como el País Vasco, donde las retribuciones medias mensuales superan en 600 euros a las navarras, o Cataluña y Madrid”.

El representante sindical ha señalado que, “aunque ha habido voluntad expresa de resolver este tema por parte del Departamento, la propuesta económica presentada hace unos meses no es suficiente”.

Según ha explicado, “la última mejora económica que tuvo el colectivo se produjo en el año 2017”, y en la actualidad, “las retribuciones autonómicas, conocidas como el complemento específico autonómico, siguen sin ajustarse a las necesidades del servicio”.

Senosiain ha denunciado, además, el “colapso” en los juzgados, agravado por la falta de recursos y de formación específica, especialmente en áreas sensibles como los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

“Es el ejemplo más significativo”, ha lamentado, indicando que Navarra es una de las pocas comunidades donde este tipo de juzgados “no tienen un complemento por su actividad ni una formación específica”.

El delegado ha insistido en la necesidad de “una verdadera prioridad” para la justicia en Navarra, que incluya tanto mejoras salariales como una actualización de los recursos y condiciones laborales.

“No estamos pidiendo más por ser de Navarra”, ha concluido, sino el “establecimiento de una correlación entre la prestación de un servicio con niveles de excelencia y unas retribuciones objetivas”.

En turno de los grupos, Marta Álvarez (UPN) ha reivindicado que “Navarra tiene que dedicar sus presupuestos a mejorar los servicios públicos y evitar discriminaciones y que no estemos peor que otras comunidades”.

Blanca Regúlez (Geroa Bai) ha celebrado el “acercamiento” de la consejera a las posiciones de la comisión y les ha animado a que “no cejen en el empeño”.

Desde el PP, Javier García ha denunciado que los socios de gobierno “se reparten millones entre unos y otros para sus cosas ideológicas, pero el personal de Justicia no está en sus prioridades”.

Para Miguel Garrido (Contigo-Zurekin) “la clave no es tanto hablar de números absolutos, sino de realidades que se viven en la justicia y hacer frente a la infrafinanciación”.

La socialista Inma Jurío ha espetado al Comité no haber mencionado “varios ofrecimientos” que ha debido realizar el Departamento.

Adolfo Araiz (EH Bildu) ha señalado que el acuerdo al que hace referencia Jurío “no está firmado” y ha planteado que, con el dinero que destina Navarra, “lo estamos haciendo bien, con eficacia”.

Por último, Emilio Jiménez, de Vox, ha ironizado con que “si esto lo pidiese cierta formación política, ya estaría solucionado”. 

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