La Fiscalía de Navarra ha solicitado una pena de cinco años de prisión para el antiguo gerente de una inmobiliaria de Azagra, acusado de apropiarse del dinero entregado por una compradora en una operación de vivienda que nunca contó con el consentimiento de los propietarios.
Los hechos se remontan a 2023, cuando el investigado, que actuaba como intermediario, gestionaba la venta de un piso propiedad de un matrimonio. Según el relato del Ministerio Público, el acusado utilizó su posición para cerrar una operación por su cuenta, sin informar en ningún momento a los dueños del inmueble.
El momento clave se produjo el 30 de noviembre de ese año, cuando el gerente formalizó un documento de señal de compra con una interesada. En ese acto, la compradora entregó 10.000 euros como señal de la vivienda, una cantidad que, siempre según la Fiscalía, el acusado incorporó a su propio patrimonio.
La operación se realizó con total opacidad, ya que los propietarios del piso desconocían que se hubiera iniciado cualquier tipo de acuerdo de venta. Este hecho constituye la clave de la acusación, al considerar que el gerente actuó al margen de sus funciones y en beneficio propio.
Posteriormente, el acusado devolvió 3.000 euros a la perjudicada, aunque no reintegró el resto del dinero. Esta devolución parcial ha sido tenida en cuenta por la Fiscalía como una atenuante de reparación del daño, pero no evita la acusación principal.
El Ministerio Público mantiene que los hechos constituyen un delito de estafa, aunque plantea de forma subsidiaria que puedan calificarse como apropiación indebida en caso de que el tribunal no aprecie todos los elementos del primero.
Además de la pena de prisión, la Fiscalía solicita una multa de 15 meses con una cuota diaria de 15 euros y el pago de las costas judiciales. En el ámbito civil, reclama que el acusado indemnice a la compradora con los 7.000 euros restantes, además de los intereses legales.
El escrito de acusación también establece que la empresa inmobiliaria deberá responder de forma subsidiaria si el condenado no puede hacer frente al pago de la indemnización.
Durante el juicio, que se celebrará en la Audiencia Provincial de Navarra, está previsto que declaren el acusado, la compradora afectada y los propietarios del inmueble, quienes aseguran que no tuvieron conocimiento de la operación realizada por el gerente.
