Allal El Mourabit, un hombre que ya fue condenado a 3 años de prisión por enaltecimiento del terrorismo y por intentar trasladarse a zona de conflicto, ha vuelto a ser juzgado este miércoles por consumir y difundir contenido yihadista en las redes tras salir de la cárcel, acusación que ha negado.
"No están juzgando una actividad delictiva, están juzgando mi religión", ha sido su principal argumento de defensa en el juicio que se ha celebrado en la Audiencia Nacional y que ha concluido con su expulsión de la sala tras enzarzarse con la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, cuando hacía uso de su derecho a la última palabra.
El acusado, que se enfrenta a 5 años de cárcel por autoadoctrinamiento o a una pena alternativa de 3 años por enaltecimiento del terrorismo, ha mostrado una actitud desafiante a lo largo de todo el juicio. Ya en el anterior al que fue sometido se defendió con alusiones a las grabaciones del comisario José Manuel Villarejo.
"Yo no he cumplido ninguna pena, porque he sido secuestrado desde 2016 hasta hoy" por el Gobierno español, le ha espetado al fiscal Pedro Rubira, cuando le preguntaba sobre su estancia en prisión.
Su primera detención se produjo en noviembre de 2016 en Irún y, aunque la Fiscalía pidió que fuera condenado a más de diez años de prisión, la Audiencia lo dejó en tres años y quedó en libertad en julio de 2018 al serle descontado el tiempo en prisión preventiva.
Volvió a ser detenido en julio de 2019, durante los Sanfermines, en el camión en el que vivía en las afueras de Pamplona, por lo que, cuando fue arrestado, los agentes registraron el vehículo.
"Ese camión es mi casa, había de todo", ha explicado y ha tratado de culpar a la Policía de los efectos allí encontrados cuando practicaron el registro: "Yo estaba 20 metros atrás y cualquier agente me puede encasquetar lo que le dé la gana y así no se hacen las cosas".
Sobre los vídeos que le fueron encontrados en el su móvil y ordenador ha dicho que no tenía tiempo de ver nada porque estaba todo el día conduciendo en el camión. "Casi me dormía al volante, no tenia tiempo para nada", ha dicho.
Ha negado reiteradamente que conociera su existencia y ha terminado diciendo al fiscal: "Pregunta a los policías por qué había eso en mi ordenador", "esos a los que pagamos todos y se dedican a fabricar pruebas".
Tras la declaración de varios testigos y de los policías que intervinieron en las pesquisas, el fiscal ha elevado a definitivas sus conclusiones, al considerar que ha quedado demostrado que el acusado tenía unos vídeos en un ordenador y un teléfono de su propiedad y no ha dado ninguna explicación de por qué los guardaba, "salvo que no sabe nada".
Según las conclusiones del fiscal, tras su salida de prisión se dedicó a "consumir y difundir publicaciones de contenido salafista yihadista con contenido idóneo para incitar a la incorporación a la organización terrorista del Estado Islámico".
Los investigadores localizaron cinco cuentas en redes sociales y un canal de Youtube, en los que difundía ese tipo de material.
Su defensa ha pedido la absolución por falta de indicios y ha coincidido con su cliente en la idea de que se estaban juzgando creencias religiosas.
El juicio ha quedado visto para sentencia tras su expulsión de la sala, después de varias advertencias de la presidenta sobre el uso que estaba haciendo a su derecho a la última palabra, intervención que ha dicho que tenía escrita en seis folios a modo de "tesis".
"¿Ya nos vamos?", se ha preguntado perplejo cuando los agentes de lo llevaban por orden de la presidenta después de haberla interrumpido de forma constante. "Esto no es justicia, señora", le ha recriminado.
