Anaitasuna ha mostrado este lunes su agradecimiento por "tantos mensajes de apoyo de tantas personas, entidades, clubes e instituciones en una situación ya conocida en la que nuestro club se ha visto inmersa".
"La sociedad navarra, desde la máxima representación pública hasta miles de personas anónimas, nos han hecho sentir una institución querida. Del mismo modo, el mundo del deporte y el balonmano, tanto en Navarra como fuera de ella, se ha volcado con nuestro equipo y nos han demostrado un gran cariño", ha señalado el equipo navarro.
En este sentido, el club ha anunciado además que "está preparando una iniciativa para el próximo partido en la Catedral para hacer patente este agradecimiento".
Por ello, ha animado a todo los aficionado a acudir al pabellón pamplonés: "Uníos a este proyecto y gritad siempre nuestro ¡Gora Anaita!", ha sentenciado.
Anaitasuna quiere poner fin así a una grave polémica en la que se vio envuelto y a la que tuvo que salir al frente después de que un subinspector de Policía Nacional, Alfredo Perdiguero, acusase a través de las redes sociales al equipo de gritar ¡Gora ETA! en un tiempo muerto en el que jugadores y cuerpo técnico realizaron el clásico grito de ¡Gora Anaita!
Es duro tener que explicar ciertas cosas, pero nos vemos obligados a ello para salvaguardar la imagen del equipo y patrocinadores ante mensajes que tratan de mancharla y generar confusión.
— Helvetia Anaitasuna (@AnaitasunaBM) September 14, 2019
El grito de nuestro equipo hace años es #GoraAnaita y siempre es el mismo https://t.co/RDbMAxwOuG
"NO AYUDAN A LA CONVIVENCIA"
Sobre este tema también se han pronunciando este lunes la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, y el ministro de Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska.
Chivite ha lamentado las declaraciones del subinspector y ha señalado que están "tergiversadas, fuera de lugar y que no ayudan en nada a la convivencia en nuestra comunidad".
En este mismo sentido, el ministro del Interior ha lamentado mensajes de esa naturaleza y ha explicado que han pedido una información reservada e inmediata sobre el mismo para que en el caso de que haya alguna responsabilidad "pueda analizarse hasta el fondo".
En su opinión, "agitar determinadas conductas y comportamientos de una forma falaz y que ponen en tela de juicio la necesaria convivencia, independientemente de la ideologías, no son asumibles en un funcionario público que desarrolla funciones de seguridad".
