El Gobierno Vasco ha aprobado la autorización de la progresión a tercer grado penitenciario a seis presos de ETA en el último mes y ya suma 23 concesiones de régimen de semilibertad a reclusos de la organización terrorista desde que asumió, el 1 de octubre del pasado año, la competencia de prisiones, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
A principios de este mes se conoció que el Ejecutivo autonómico había concedido cinco terceros grados a los presos Zigor Orbe, Santiago Vicente, Aitor Herrera, Igor Martínez de Osaba y Lierni Armendaritz. Esta última fue condenada, entre otros delitos, por el asesinato del exministro y diputado del PSC, Ernest Lluch, cuando integraba el 'comando Barcelona'.
Armendaritz también tiene en su haber otras condenas de 34 años de cárcel por el crimen del concejal del PP en Sant Adrià de Besòs José Luis Ruiz Casado; de 47 años como responsable del asesinato del miembro de la Guardia Urbana de Barcelona Miguel Gervilla, y de 47 años por el asesinato del concejal del PP de Viladecavalls Francisco Cano.
Posteriormente, el Gobierno Vasco también ha aprobado otorgar el régimen de semilibertad a Juan Carlos Subijana, condenado en 2010 por la Audiencia Nacional como colaborador del atentado que acabó con la vida del funcionario de prisiones Máximo Casado Carrera el 22 de octubre del año 2000.
Antes de estas seis concesiones de progresión de grado, el Ejecutivo autonómico también autorizó el pasado mes de julio los de los reclusos Unai López Ocáriz y Javier Atristrain Gorosabel, tal como recoge la AVT en su Observatorio de Política Penintenciaria.
Con estos ya son 23 los terceros grados a los que el Gobierno Vasco ha dado luz verde con la autorización de las juntas de tratamiento de las prisiones, desde que el 1 de octubre de 2021 asumiera la competencia de la gestión de las cárceles de Euskadi. Las progresiones de grado se han realizado en siete tandas.
El Ejecutivo vasco y las juntas de tratamiento tienen en cuenta, a la hora de aprobar las progresiones de grado, que los presos se han desvinculado de la banda, han rechazado la violencia, reconocido el dolor causado, aceptado la legalidad penitenciaria y abonado la responsabilidad civil.
La Fiscalía procede posteriormente al análisis de los casos y, de hecho, recurrió el del histórico dirigente ETA José María Arregui Erostarbe, alias 'Fiti', avalado en febrero por el Gobierno Vasco.
