El Tribunal Supremo le exculpa de un delito de falsedad documental y reduce en cinco meses de prisión la pena impuesta por la Audiencia de Mallorca.
La Sala Penal del Tribunal Supremo ha rebajado la condena al exduque de Palma, Iñaki Urdangarin, a cinco años y diez meses de cárcel. Se trata de una pena cinco meses inferior a la que impuso la Audiencia de Palma de Mallorca el 17 de febrero del pasado 2017.
Ahora la Audiencia balear deberá decidir si el cuñado del rey Felipe VI y marido de la infanta Cristina ingresa en prisión, por lo que se convertiría en el primer pariente de la Familia Real en tener sobre sí una sentencia firme de prisión.
Urdangarin aún puede solicitar un indulto, lo que permitiría solicitar la suspensión de la ejecución de la pena, y recurrir en amparo al Tribunal Constitucional.
El Tribunal Supremo, que ha tomado la decisión por unanimidad, ha notificado este martes la sentencia del caso Nòos, que ha tardado en elaborar más de dos meses desde que el pasado 21 de marzo celebró la vista de los recursos de casación.
Con esta decisión, Iñaki Urdangarin ha visto rechazada la mayor parte de su recurso salvo en lo que se refiere a uno de los delitos de falsedad documental a cuya comisión, según la Audiencia balear, habría contribuido de forma esencial.
La rebaja de cinco meses de prisión para el cuñado del Rey se procede tras ser exculpado del delito de falsedad documental en un contrato de la Fundación Illesport, vinculada al Gobierno balear, para que la empresa Nòos Consultoría Estratégica perteneciente a Urdangarin y a su socio, Diego Torres, se hiciera cargo de lo que se denominó la 'oficina del proyecto' del equipo ciclista.
El resto de los delitos apreciados por la Audiencia de Palma de Mallorca respecto a Urdangarin han sido respaldados por la Sala Penal del Tribunal Supremo.
Por tanto, el marido de la infanta Cristina ha sido condenado como autor por cooperación necesaria de un delito continuado de prevaricación en conjunción con falsedad documental y malversación de fondos públicos; fraude a la Administración; tráfico de influencias y dos delitos fiscales por defraudar a Hacienda un total de 256.276 euros en los ejercicios de 2007 y 2008.
