La relación entre periodistas y jueces está marcada por la desconfianza. Los primeros piden más transparencia y los segundos creen que la información estigmatiza.
No tienen los mismos intereses, pero ambos están condenados a entenderse porque son imprescindibles en una sociedad democrática. Es una relación difícil, pero parece estar cambiando.
En la última Encuesta a la Carrera Judicial, el 84 % de los jueces contestaron no tener inconveniente en facilitar información a los periodistas.
"Los jueces cada vez colaboran más, cada vez se dan más cuenta de que el mundo de la Justicia no puede vivir ajeno al de la comunicación", explica a Efe el responsable de comunicación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), José Asenjo.
Es una visión optimista que contrasta con el recelo con el que muchos miembros de la judicatura miran a los informadores. En palabras del magistrado Ignacio González Vega, el papel de los medios "tiene un claro contenido de criminalización".
"Una noticia a veces estigmatiza más que la propia sentencia", dijo González en un encuentro entre jueces y periodistas celebrado recientemente en la sede del CGPJ.
El periodista de El País Fernando Garea, que también intervino en esta jornada organizada por Jueces para la Democracia, pide a los magistrados no meter en el mismo saco la información rigurosa y el espectáculo. Y Jesús Maraña, de Infolibre, que losjueces deben asumir que una de sus labores en la administración de justicia es explicarla.
Precisamente, para conocer de primera mano el trabajo de los periodistas, una juez de Orihuela (Alicante) ha pasado una jornada de trabajo en el periódico El Mundo como parte de un programa de formación del CGPJ en Valencia.
La decana del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert, opina en este sentido que "solo es posible dar una información veraz si el periodista se acerca a la fuente de la noticia", algo que también "fomenta la responsabilidad del juez para hacer su trabajo".
Para fortalecer la confianza de los ciudadanos y pautar la relación de los jueces con los medios de información, este año se ha actualizado el Protocolo de Comunicación de la Justicia del CGPJ. Se ha modificado el anterior, de 2004, y se han introducido nuevos criterios.
Una de las novedades del protocolo es que ofrece a los jueces orientación en cuanto al acceso de los medios de comunicación a las salas de vistas. En 2004 no había más que el criterio general de permitir a los periodistas la entrada.
Por ejemplo, explica Asenjo, de los acusados solo se podrá tomar imágenes si se trata de un personaje público, si son hechos de extrema gravedad o si ha prestado su consentimiento expreso o tácito.
En el caso de las víctimas, solo podrán ser grabadas si prestan su consentimiento expreso y, en los casos de juicio con jurado, las imágenes no deben permitir la identificación de los miembros del tribunal. A los jueces y magistrados el protocolo les recuerda que cuando están ejerciendo una función pública no pueden negarse a ser grabados.
No obstante, el protocolo no da instrucciones a los jueces ni establece ninguna obligación para ellos, sino que les aconseja. Esto no significa que los jueces vayan a dejar de dar información, de hecho, cada vez son más conscientes de que hay que contar a la gente por qué pasa lo que pasa en los tribunales, señala Asenjo.
Otra de las novedades del documento es que defiende que, aun cuando un caso se encuentre bajo secreto de sumario, se puede facilitar información siempre que no perjudique a la investigación.
"En los casos que tengan relevancia pública y que exista un interés manifiesto de los medios, el único límite a la colaboración con la Oficina de Comunicación será no comprometer la investigación", recoge el documento que han recibido todos los jueces.
Javier Martínez Lázaro, magistrado de la Audiencia Nacional, reconoce que "es muy difícil que haya una investigación sin que existan diligencias secretas". "Lo razonable es que si algo es secreto hay que mantenerlo secreto", dijo en el encuentro deJueces por la Democracia.
Por contra, el periodista de eldiario.es Pedro Águeda sostiene que se han dado filtraciones "muy saludables y beneficiosas para la democracia como los ERE, el caso Gürtel o la trama Púnica".
Son precisamente este tipo de filtraciones en la fase de instrucción -bajo secreto o no- las que generan más polémica, por lo que el protocolo define los casos de los que los jueces pueden proporcionar información al ser de interés general, como la corrupción política, el terrorismo, los campeonatos de fútbol, la violencia machista o los homicidios.
El juez también podrá facilitar datos de la investigación si el imputado es de relevancia pública, una condición difícil de delimitar en ocasiones y que el protocolo ayuda a definir.
