Gurelur presentó una queja ante el Defensor del Pueblo y ante el Consejo de Transparencia de Navarra denunciando las arbitrarias decisiones del Gobierno de Navarra al sacar a exposición pública 46 proyectos relacionados con la producción de energía solar y eólica (22 proyectos de centrales eólicas junto a sus líneas de evacuación, 22 proyectos de solares junto a sus líneas de evacuación y 2 proyectos de subestaciones eléctricas), en tan sólo dos meses y medio, desde el 1 de febrero hasta el 16 de abril.
Esta acumulación de proyectos ha imposibilitado que asociaciones sin ánimo de lucro como Gurelur, puedan estudiar al completo todos los proyectos y puedan presentar alegaciones a los mismos. Este comportamiento vulnera la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia y el Convenio de Aarhus.
A juicio de Gurelur el incumplimiento de estas leyes por el Gobierno de Navarra imposibilita que se pueda dar el visto bueno a los proyectos en los que no se ha cumplido con lo recogido en la normativa y por tanto se debería iniciar de nuevo el procedimiento de exposición pública.
El Defensor del Pueblo considera que para conciliar las iniciativas empresariales con el derecho de participación de los ciudadanos en materia de medio ambiente hubiera sido adecuado establecer unos plazos de participación superiores a lo exigido por la normativa.
El Defensor ha recomendado al Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial que, en relación con la tramitación de proyectos de instalaciones eólicas o solares con incidencia en el medio ambiente, cuando coincida en el tiempo un número significativo de dichos proyectos establezca plazos más amplios de exposición pública y participación, por así aconsejarlo el principio de participación, que ha de ser real y efectiva, y que la exposición pública no se convierta en un mero trámite formal.
El Consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, en su contestación a los requerimientos de información realizados por parte del Defensor del Pueblo, se ciñe a la hora de autorizar los proyectos energéticos únicamente a la normativa que regula la implantación de estas instalaciones, obviando en todo momento el cumplimiento de las leyes que regulan la participación ciudadana y las graves afecciones ambientales que se van a producir en Navarra.
