Osasuna ha recibido una providencia dictada por el Juzgado de lo Penal de Pamplona mediante la cual se envía al juzgado de instrucción el convenio de patrocinio firmado en junio con el Ayuntamiento de la capital navarra.
La noticia se ha producido apenas un día después de que se conociera el club rojillo fuera condenado a indemnizar al exjugador Enric Gallego por despido improcedente, y justo después del partido amistoso jugado este jueves ante el Valladolid (2-0) en Burgos.
El objetivo, informa el Ayuntamiento de Pamplona en un comunicado, es estudiar si dicho convenio supone el quebrantamiento de la condena que recayó sobre el club por la gestión de directivas anteriores y que le impide recibir subvenciones y ayudas públicas.
El Ayuntamiento de Pamplona afirma que el contrato de patrocinio no se puede considerar subvención o ayuda pública, ya que incluye contrapartidas concretas asociadas que se están ejecutando y se ha tramitado por un procedimiento distinto al de las subvenciones.
El Club Atlético Osasuna fue condenado, en una causa iniciada por la gestión de directivas anteriores, a la pena accesoria de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social a partir del 1 de junio de 2024.
El club presentó una solicitud de indulto y durante la tramitación del mismo pidió a la Audiencia Provincial la suspensión del cumplimiento de la pena, que le fue concedida el 19 de mayo de este año. En todo caso, destaca el Ayuntamiento de Pamplona, la sanción no podría empezar a aplicarse hasta 2024 y Osasuna no ha percibido en la actualidad ninguna cantidad con cargo tampoco a 2024 o años posteriores.
En el convenio, Osasuna se comprometía, entre otras cuestiones, a colocar el logo del Ayuntamiento de Pamplona en seis vomitorios del estadio de El Sadar, e incluir publicidad del consistorio en sus redes sociales antes de cada partido como local y también en el autobús del primer equipo. Todos esos soportes cuentan ya desde hace semanas con dicha publicidad.
Además, el acuerdo incluye la participación de jugadores en actos municipales, abrir el estadio para visitas organizadas por el Ayuntamiento, la celebración de una escuela de fútbol con grupos del programa "Coworkids", la cesión de instalaciones para eventos municipales y entrega de localidades para una decena de partidos.
El acuerdo con el Ayuntamiento, que se extiende por tres temporadas, incluye el pago al club de 82.644 euros más IVA cada año.
"Las subvenciones, por definición, no conllevan contrapartidas concretas asociadas, por lo que el club entiende que en ningún caso puede hablarse de subvención o ayuda pública y, por lo tanto, no existe quebrantamiento alguno de una condena que, además, se encuentra suspendida en estos momentos por la Audiencia Provincial", subraya el consistorio.
Por su parte, Osasuna señala en su página web que ha venido realizando en los últimos ocho años "un trabajo incansable por perseguir los delitos cometidos por directivas anteriores, reparar el daño sufrido y limpiar la imagen de la entidad".
"Ha sido, sin duda, un trabajo muy complejo que ha involucrado a muchas personas y áreas de la entidad y que ha permitido reconstruir el club hasta situarlo en la privilegiada situación que hoy ocupa", agrega el club.
En este sentido, destaca que Osasuna es a día de hoy "un club absolutamente cumplidor en todas y cada una de sus obligaciones legales y tributarias, como no puede ser de otra forma. Esa ha sido históricamente una de las señas de identidad de Osasuna y lo debe seguir siendo en el futuro una vez superada una de las etapas más negras de su historia".
Asimismo, el club reivindica "con orgullo" su derecho a ser imagen de Pamplona y Navarra en el mundo y "hacerlo, como es el caso, mediante un convenio publicitario absolutamente transparente que regula de forma muy detallada todas las contrapartidas que ofrece el club y que evidentemente tienen su valor en el mercado publicitario".
Osasuna lamenta "el daño que esta decisión judicial causa a su imagen" y está convencido, "por los motivos expuestos anteriormente y que ya ha trasladado al juzgado de lo penal número 2, de que no existe quebrantamiento de condena alguno".
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