El empadronamiento de personas sin hogar en Pamplona ha llegado este miércoles al Defensor del Pueblo de Navarra. Un total de 14 entidades sociales han presentado dos quejas al considerar que el Ayuntamiento “incumple la ley” y está dificultando el alta en el padrón de este colectivo.
Según han explicado en una nota, estas organizaciones han denunciado que el Consistorio está retrasando, obstaculizando y denegando de forma generalizada el empadronamiento de personas sin hogar. A su juicio, esta situación está impidiendo el acceso a derechos básicos como la tarjeta sanitaria, la escolarización, el sistema de protección social y la regularización administrativa.
Las entidades firmantes han sido Elkarri laguntza-apoyo mutuo, Paris 365, SOS Racismo Navarra, Punto de Información para Personas Migradas, Asociación Lantxotegi Elkartea, Oxfam Intermón, Fundación Elkarte, Etxebizitza Sindikatu Sozialista Iruñerria, Haritu Elkarlaguntza Sarea, Salhaketa Nafarroa, Centro Lasa, Dar Etxea, Asamblea Padrón Iruñea e Itaka Escolapios.
Según el relato de estas organizaciones, en febrero de 2024 el Ayuntamiento ha paralizado la resolución de solicitudes de empadronamiento de personas sin domicilio a la espera de un acuerdo con la Federación Navarra de Municipios y Concejos. Han recordado que la legislación fija un plazo de tres meses para resolver y, si no se hace, para empadronar y emitir el certificado de silencio positivo.
También han señalado que en noviembre de 2024, nueve meses después, el Consistorio se ha visto obligado a empadronar a varias personas, pero ha aprobado una instrucción que les obligaba a comparecer cada quince días en dependencias municipales. Esa exigencia ha sido anulada en mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) al considerarla ilegal, y el Ayuntamiento la ha dejado sin efecto el 30 de mayo de 2025.
A partir de esa fecha, y hasta el 26 de enero de 2026, las entidades han criticado que el Ayuntamiento ha aprobado 36 resoluciones de prórroga que han afectado a 562 solicitudes, alegando un aumento “enorme” de expedientes y la dificultad de verificar la residencia habitual. A su entender, estas prórrogas han sido injustificadas e ilegales.
Las organizaciones han añadido que el Defensor del Pueblo de Navarra ya ha recomendado en julio de 2025 revocar esas ampliaciones y resolver los expedientes en el plazo ordinario, pero el Ayuntamiento ha rechazado expresamente esa recomendación. Además, han denunciado que, una vez agotado el plazo ampliado, el Consistorio está denegando casi de forma sistemática solicitudes al argumentar que no ha podido constatar la residencia habitual.
Sin embargo, según las entidades, en los expedientes “no consta ni una sola citación ni actuación activa de verificación”, algo que consideran contrario a la normativa. También han criticado que se esté exigiendo una residencia mínima de tres meses previa a la solicitud, un requisito que califican de arbitrario e ilegal porque, sostienen, la norma solo exige residir habitualmente en el municipio.
En las quejas también se ha incluido la denuncia de bajas de oficio de personas empadronadas en locales municipales —los llamados domicilios “ficticios” previstos legalmente para personas sin hogar—, tramitadas, según afirman, sin motivo y sin notificación efectiva. Han añadido que se habrían publicado indebidamente en el BOE y sin resolución y notificación del órgano competente, por lo que las consideran nulas de pleno derecho.
Por otro lado, han criticado la existencia de una instrucción interna que, según su versión, vincula el empadronamiento a la intervención social, fija un límite máximo de dos años y obliga a recoger notificaciones de forma presencial. Han recordado que la comparecencia personal ya ha sido declarada ilegal por el TAN en mayo de 2025.
Por todo ello, han pedido al Defensor del Pueblo que recomiende al Ayuntamiento de Pamplona que facilite el empadronamiento de personas sin hogar en el plazo más breve posible y que revoque la ampliación de plazos. También han solicitado que se verifique activamente la residencia, que no se deniegue sin esa verificación y que no se exija un periodo mínimo de tres meses, ni antes ni después de la solicitud.
Además, han reclamado que no se obligue a comparecer personalmente a quienes estén empadronados en un local municipal ni a suscribir compromisos en ese sentido. Y han pedido que no se inicien bajas de oficio por el simple hecho de que no exista intervención social, que no se limite a dos años el empadronamiento en un local municipal y que las instrucciones se publiquen en el Boletín Oficial de Navarra y en la web del Ayuntamiento.
