El equipo de Joseba Asiron no ha dudado en solicitar el permiso de Príncipe de Viana para retirar restos del siglo XVI en Sarasate. Una pragmática decisión técnica que choca frontalmente con la batalla ideológica que la izquierda abertzale lideró en 2001 contra la Plaza del Castillo.
La memoria política en Pamplona parece tener la misma consistencia que el firme de sus calles: se levanta y se moldea según quién ocupe el sillón de la Alcaldía. La confirmación de que el Ayuntamiento de Pamplona, bajo el mandato de Joseba Asiron, desmontará un tramo de la muralla defensiva del siglo XVI en el Paseo de Sarasate para dar paso a las tuberías de la basura neumática deja al descubierto una evidente paradoja ideológica.
Para justificar la intervención sobre el patrimonio soterrado, el equipo de gobierno municipal se ha apresurado a escudarse en el aval técnico de la Institución Príncipe de Viana, que califica los lienzos hallados de "construcción menor y efímera". Un argumento impecable desde la lógica administrativa, pero absolutamente demoledor si se contrapone con la hemeroteca de la propia izquierda abertzale.
Hace dos décadas, durante la convulsa construcción del aparcamiento subterráneo de la Plaza del Castillo bajo el mandato de Yolanda Barcina (UPN), la postura de la izquierda abertzale (entonces representada por Euskal Herritarrok) fue radicalmente opuesta. En aquel 2001, siedo portavoz de la formación proetarra el mismo que hoy en día, Joxe Abaurrea, cualquier intento de excavar, documentar o retirar restos arqueológicos —incluso con los mismos informes favorables de Príncipe de Viana en la mano— fue calificado de "atentado histórico", "expolio urbanístico" y "destrucción del patrimonio de todos los pamploneses".
Entonces, la presencia de piedras de época moderna en el subsuelo era motivo suficiente para paralizar la ciudad, alentar protestas callejeras y acusar al órgano autonómico de Cultura de actuar como una mera "coartada técnica" al servicio del gobierno de turno. Hoy, sin embargo, cuando el proyecto lleva la firma de EH Bildu y el objetivo es conectar las tuberías del centro, la retórica cambia drásticamente: la retirada de murallas del siglo XVI pasa a ser un trámite asumible, amparado en "razones de fuerza mayor" y en la necesidad de modernizar las infraestructuras urbanas.
El caso de Sarasate demuestra cómo el ejercicio del poder transforma las prioridades. El mismo espacio político que convirtió las catas arqueológicas de la Plaza del Castillo en una trinchera ideológica asume hoy, sin rubor y con pragmatismo de gestión, que el progreso técnico de la ciudad exige a veces mover las piedras del pasado.
La diferencia estriba en que, en 2001, la piedra era un símbolo innegociable de resistencia; en 2026, es simplemente un obstáculo en el trazado de la recogida neumática.
